El cambio propuesto limitaría el acceso al bono social eléctrico por criterios de renta, pese a que actualmente se concede por la condición de familia numerosa independientemente de ingresos
El Gobierno ha decidido replantear quiénes pueden beneficiarse del bono social eléctrico entre las familias numerosas. Hasta ahora, la condición de familia numerosa era suficiente para acceder a descuentos de entre el 42,5% y el 57,5% en la factura eléctrica, siempre que la unidad familiar lo solicitara.
La novedad planteada consiste en incorporar criterios de renta para determinar la elegibilidad, una modificación que transformaría el mapa de beneficiarios.
En España residen aproximadamente 851.000 familias numerosas, aunque solo la mitad de ellas tramita actualmente la ayuda. La revisión del marco normativo abriría la puerta a excluir a aquellas con ingresos altos, con estimaciones que sitúan en torno al 40% la proporción que superaría umbrales como 3.500 euros mensuales o límites anuales entre 43.000 y 45.000 euros, cifras que han sido mencionadas en informes de organismos públicos.
¿Qué cambiaría en la práctica?
La principal modificación es que el Gobierno pretende ligar el acceso al bono social a un umbral de ingresos de la unidad familiar. Mientras que hasta ahora la vulnerabilidad se reconocía por la sola condición de familia numerosa, la nueva regulación introduciría una barrera económica que excluiría a quienes superen el límite que se fije. El Ejecutivo ha anunciado que abrirá un proceso de diálogo antes de plasmar la norma, buscando consenso para que el mecanismo sea percibido como justo y dirigido “a quienes lo necesitan”.
Posibles umbrales y su efecto
Aunque todavía no se ha oficializado el cálculo definitivo, referencias de informes previos sitúan el umbral de acceso en torno a 43.000-45.000 euros anuales para una familia numerosa tipo. Si se adoptaran esos niveles, decenas de miles de unidades familiares actualmente beneficiarias perderían el derecho al bono. La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) estima que el 40% del colectivo alcanzaría esos ingresos, mientras que el 60% restante quedaría por debajo.
La radiografía económica del colectivo
Los datos apuntan a una realidad heterogénea: solo cuatro de cada diez familias numerosas, sobre todo aquellas con al menos cinco miembros, superan los 3.500 euros mensuales. Al mismo tiempo, un tercio de estas familias declara ingresos por debajo de 2.500 euros al mes y cerca del 20% vive con menos de 2.000 euros. Además, existen 117.000 familias numerosas clasificadas como de vulnerabilidad severa, con ingresos por debajo de 16.800 euros anuales, que ya perciben el bono social.
La FEFN ha reclamado que, al fijar umbrales, las autoridades tengan en cuenta la composición y las necesidades específicas de estas unidades familiares: mayores consumos energéticos por número de miembros, necesidad de potencias contratadas superiores y un coste por kWh más elevado en la práctica. Por ello, piden que la norma no use solo el dato de ingresos sin ajustar por tamaño familiar.
Argumentos y preocupaciones
Quienes apoyan la inclusión de la renta en el criterio de acceso sostienen que permite dirigir mejor las ayudas hacia hogares con escasez efectiva de recursos, evitando que familias con rentas elevadas sigan recibiendo descuentos universales. En contrapartida, las asociaciones de familias numerosas insisten en que la medida podría penalizar hogares con altos gastos fijos por su tamaño y que la percepción pública de que todas las familias numerosas son acomodadas no se corresponde con la realidad para muchas de ellas.
El proceso de negociación y los próximos pasos
El Ministerio responsable ha anunciado una ronda de conversaciones con organizaciones afectadas y otros agentes antes de formalizar la ordenanza que regule el acceso. La intención declarada es alcanzar un equilibrio que garantice la focalización de los recursos sin dejar de proteger a los hogares más vulnerables. A fecha de hoy, sin embargo, no hay una cifra definitiva comunicada ni un calendario público para la entrada en vigor de la nueva regulación.
Mientras tanto, desde la FEFN se solicita una reunión con la titular del departamento para aportar datos y matices que, según defienden, deben considerarse al fijar los límites: composición familiar, costes reales de consumo y la existencia de tramos de renta que permitan salvaguardar a quienes, aun con ingresos medios, afrontan mayores cargas económicas.
La reforma del criterio de acceso al bono social eléctrico abre un debate sobre cómo distribuir ayudas públicas en un contexto en el que la equidad y la eficiencia se presentan como prioridades contrapuestas. El resultado de ese diálogo determinará si el apoyo energético sigue siendo una herramienta universal para familias numerosas o se transforma en un mecanismo condicionado por la capacidad económica de cada hogar.
