El Tribunal Supremo ha dictaminado que la IEEPA no autoriza aranceles generalizados, lo que supone un revés para la política comercial de Donald Trump y abre dudas sobre posibles reembolsos de cientos de miles de millones de dólares
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado en contra de gran parte de los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump, argumentando que el presidente se excedió al apoyarse en la IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) para crear gravámenes de carácter general.
La decisión, adoptada por una mayoría de 6-3, delimita los alcances de una norma concebida para situaciones excepcionales y no para reformar la política arancelaria sin intervención del Congreso.
La sentencia confirma que los aranceles son, en esencia, una forma de impuesto y, por tanto, requieren la autoridad que la Constitución reserva al legislativo.
Aunque el fallo deja abiertas otras herramientas legales, supone un freno inmediato a los llamados aranceles recíprocos que se aplicaron en bloque a múltiples socios comerciales.
Qué estipula la sentencia y su alcance
La Corte concluye que la IEEPA no otorga al presidente facultades para imponer aranceles de alcance amplio en tiempos de paz. Según la mayoría, la ley autoriza medidas tradicionales de sanción, como el bloqueo de activos o restricciones financieras, pero no la creación unilateral de impuestos sobre importaciones. En contra votaron los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes defendieron una interpretación más amplia en favor del Ejecutivo.
Aranceles afectados y excepciones
El fallo anula expresamente las tasas generalizadas implantadas en abril, incluidas alícuotas mínimas del 10% y otros gravámenes aplicados a la mayoría de los socios comerciales. También resultan invalidados aumentos puntuales, como los que alcanzaron el 50% a países como Brasil y la India en represalia por decisiones políticas, o el 25% sobre ciertas importaciones de Canadá y México y el 10% a China vinculados a la lucha contra el tráfico de fentanilo. No obstante, quedan fuera del fallo los aranceles sectoriales establecidos mediante otras normas, como las medidas sobre acero y aluminio o disposiciones de seguridad nacional aplicadas por separado.
Implicaciones prácticas y vías alternativas del Ejecutivo
El veredicto obliga a la Casa Blanca a replantear su estrategia comercial. Aunque la sentencia cierra la puerta al uso de la IEEPA para aranceles generalizados, el Gobierno puede recurrir a instrumentos como la Sección 232 por motivos de seguridad nacional o la Sección 301 para represalias por prácticas desleales. Estas rutas tienen límites y requisitos distintos, y muchas dependen de procesos administrativos o del respaldo del Congreso.
Consecuencias fiscales y riesgo de reembolsos
Desde el llamado «Día de la Liberación» del 2 de abril de, el Departamento del Tesoro recaudó aproximadamente 240.000 millones de dólares mediante esos gravámenes. Diferentes estimaciones sitúan el posible coste de devolver parte de esos ingresos entre 120.000 y 175.000 millones de dólares, según firmas y modelos citados en la discusión pública. La Corte ha remitido a tribunales inferiores la determinación sobre reclamos y procedimientos de reintegro, por lo que el proceso práctico y su impacto presupuestario aún no están resueltos.
Reacciones políticas y económicas
La decisión ha generado una respuesta inmediata en diversos frentes. El presidente Trump criticó la resolución y advirtió sobre las dificultades de reembolsar ingresos arancelarios, mientras que aliados y socios comerciales reclamaron previsibilidad y estabilidad. La Unión Europea y varias empresas señalaron la importancia de mantener relaciones comerciales con reglas claras y de evitar medidas que alteren de forma abrupta los flujos comerciales.
En el plano interno, demócratas y republicanos evaluarán las opciones legislativas y administrativas: desde impulsar nuevas leyes que delimiten poderes arancelarios hasta apostar por medidas sectoriales más acotadas. Economistas y expertos subrayan que la sentencia recuerda la división de poderes y exige al Ejecutivo trabajar dentro de marcos legales concretos si pretende imponer cargas duraderas sobre el comercio.
Un fallo con alcance más allá del comercio
Más allá de su impacto directo en aranceles, la resolución tiene implicaciones constitucionales: refuerza los controles del Congreso sobre decisiones fiscales y comerciales y sitúa al proceso legislativo como el cauce natural para cambios estructurales. El texto razonado de la mayoría insiste en que, aunque legislar sea complejo, es el mecanismo diseñado para dotar de legitimidad y estabilidad a normas de amplio alcance.
La Casa Blanca dispone ahora de rutas alternativas, pero deberá actuarlas con mayor sujeción a procedimientos y límites legales o buscar respaldo en el Congreso si pretende cambios de fondo en la política arancelaria.
