Trump eleva el arancel global al 15% tras la decisión del Tribunal Supremo y recurre a otras normas legales mientras el Congreso y los mercados reaccionan
El 21/02/2026 el presidente de Estados Unidos anunció en sus redes sociales un aumento inmediato del arancel global del 10% al 15%, tras la anulación por parte del Tribunal Supremo de sus gravámenes previos. La medida —comunicada en su perfil de Truth Social— llega después de que el Alto Tribunal considerara inconstitucional el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para imponer aranceles amplios.
Este nuevo anuncio introduce exenciones concretas y reabre el debate sobre los límites del poder ejecutivo en política comercial.
La decisión de elevar el gravamen busca sustituir y ampliar la respuesta de la Administración a la sentencia del Supremo, pero enfrenta una traba legal: la norma invocada inicialmente solo permite un plazo limitado sin el aval del Congreso.
A corto plazo, la medida pretende mantener ingresos fiscales y la presión sobre socios comerciales que el presidente acusa de tratar injustamente a EE. UU., pero plantea incógnitas sobre reembolsos y la viabilidad política de sostener un impuesto tan amplio.
Contexto jurídico y límites constitucionales
El fallo del Supremo estableció que imponer aranceles generales con base en la IEEPA excede la delegación de potestades que la Constitución reserva al Congreso en materia tributaria. Por ello, el Gobierno recurrió a otras normas: la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, y la sección 301 de la misma ley de 1974, entre otras. Cada una tiene condiciones, límites y procedimientos distintos que condicionan el alcance y la rapidez con que pueden aplicarse nuevos gravámenes.
Sección 122: rapidez con restricciones
La sección 122 permite imponer aranceles temporales ante problemas de balanza de pagos, con un tope del 15% y una duración máxima inicial que exige renovar con la aprobación del Congreso. Es la vía más inmediata para intentar reinstaurar medidas similares a las anuladas, pero su temporalidad y el requisito legislativo posterior limitan la continuidad del llamado «muro arancelario». Además, ya existen tensiones políticas en la Cámara baja que podrían bloquear la ratificación.
Alternativas legales y sus restricciones
Las otras herramientas contempladas ofrecen escenarios diferentes: la sección 232 se articula sobre la seguridad nacional y no fija límites temporales ni porcentuales, pero exige una investigación detallada del Departamento de Comercio y plazos largos; la sección 301 permite represalias contra prácticas discriminatorias o injustas y no limita el tipo impositivo, aunque también requiere procesos investigativos y se orienta a medidas por país o práctica concreta, no a un arancel generalizado.
Otras vías históricas
Existen normas menos utilizadas como la sección 338 de la Ley de Aranceles de 1930 y la sección 201 de la Ley de Comercio de 1974. La primera autoriza contramedidas por discriminación comercial, con un tope teórico del 50%, pero su antigüedad y carácter diseñado para otro orden económico la hacen políticamente y jurídicamente compleja. La segunda se aplica por daño serio a industrias nacionales y exige informes de la Comisión Internacional de Comercio, por lo que resulta sectorial y temporal.
Implicaciones económicas y políticas
El golpe del Supremo no solo representa un límite legal, sino también un desafío financiero: la anulación de aranceles puede implicar devoluciones millonarias de ingresos recaudados. El Ejecutivo intenta compensar el fallo con nuevas rutas legales y con el aumento al 15%, aunque en la práctica deberá contar con el apoyo del Congreso si quiere prorrogar cualquier gravamen más allá del plazo de emergencia. En el plano político, el episodio intensifica la confrontación entre la Casa Blanca y el Poder Judicial, y complica la estrategia de financiación de recortes fiscales apoyada en ingresos por aranceles.
En síntesis, la subida anunciada el 21/02/2026 confirma la intención del Gobierno de mantener una política arancelaria agresiva, pero también pone sobre la mesa la necesidad de diálogo con el Legislativo y la posible aparición de litigios futuros. Mientras tanto, empresas, importadores y socios comerciales monitorean la evolución normativa y sus excepciones, que incluyen materias primas no disponibles en EE. UU. y ciertos vehículos y componentes aeroespaciales.
