La economía muestra indicadores positivos, pero la percepción ciudadana y empresarial señala fallos estructurales en vivienda, transporte, sanidad y educación; soluciones requieren diálogo y ejecución efectiva
En términos agregados, las estadísticas macroeconómicas ofrecen una imagen positiva: crecimiento, reducción del desempleo y una inflación caminando hacia objetivos razonables. Sin embargo, esta realidad macroconvincente convive con una sensación extendida —entre ciudadanos y empresas— de que en la vida cotidiana las cosas no funcionan como deberían.
Esa discrepancia no es meramente subjetiva; responde a tensiones concretas en infraestructuras, servicios públicos y recursos humanos que han quedado desbordados por un crecimiento acelerado.
El desafío no consiste solo en incrementar indicadores, sino en asegurar que el avance se traduzca en calidad de vida y capacidad de respuesta institucional.
La ausencia de ejecuciones de inversión acordes, la complejidad administrativa y la falta de voluntad para alcanzar grandes consensos son factores que convierten problemas puntuales en un desafío sistémico. La solución exige, además de reformas, una actitud colaborativa de la sociedad civil y de las instituciones.
Infraestructuras y vivienda: la capacidad a prueba
El rápido aumento de la población —impulsado en gran medida por la inmigración que ha atraído una economía dinámica— ha tensionado la red de transporte, la oferta de vivienda y los servicios urbanos. La congestión en redes ferroviarias como Cercanías mostró la falta de mantenimiento y de ampliación de capacidad alineada al crecimiento demográfico. Sin una red de transporte eficiente, el problema de la vivienda se agravará porque la planificación urbanística y la disponibilidad de suelo urbanizable no cubren la demanda; por tanto, las políticas públicas deben coordinar inversiones en movilidad con incentivos para la promoción inmobiliaria.
Transporte y gobernanza
La crisis en el sistema ferroviario es una llamada de atención sobre la gestión y la inversión. Resulta imprescindible crear estructuras de cooperación —como un consorcio de inversiones entre Estado y Generalitat— que permitan gestionar proyectos desde la proximidad y asegurar la ejecución. Además, la transición energética y la creciente demanda de electricidad (por ejemplo, puntos de recarga de vehículos) exigen modernizar la red eléctrica para integrar renovables y garantizar suministro fiable.
Servicios públicos y capital humano
La presión sobre la sanidad y la educación ha sido evidente en las recientes movilizaciones profesionales. Estas tensiones se relacionan con problemas estructurales: infrafinanciación de administraciones competentes, deficiencias en la planificación de la formación profesional y universitaria, y carencias en políticas migratorias orientadas a atraer y retener talento. La combinación de sobrecualificación en algunos sectores y falta de perfiles técnicos en otros refleja desajustes formativos que reducen la competitividad.
Absentismo y productividad
Un problema destacado es el incremento de la tasa de absentismo, que supera ampliamente los promedios comparables y erosiona la productividad empresarial y la sostenibilidad del modelo de bienestar. Este fenómeno debe abordarse como una cuestión social y laboral, no solo como un defecto empresarial: requiere medidas integrales que combinen prevención, políticas laborales y refuerzo de los servicios sanitarios y sociales.
Administración, financiación y consenso
La incapacidad para simplificar procedimientos administrativos y aumentar la eficiencia de la administración pública agrava todos los demás problemas: sin una gestión ágil, inversiones planificadas no se ejecutan y los proyectos quedan paralizados. La reforma del sector público debe ser prioritaria y ambiciosa para garantizar que la ejecución cumpla plazos y calidad. En paralelo, la propuesta de reforma del modelo de financiación territorial debe ser aprovechada para corregir desigualdades y reconocer factores como el coste de la vida y los niveles de inmigración.
Frente a estos retos, la responsabilidad principal recae en los gobernantes, pero la sociedad civil y organizaciones como las cámaras de comercio tienen un papel activo: aportar propuestas constructivas, exigir ejecución y facilitar acuerdos. Es necesario pasar del escepticismo a la acción mediante acuerdos amplios que prioricen la ejecución de inversiones, la reforma administrativa y políticas de recursos humanos coherentes con las necesidades productivas.
Se trata de una acumulación de fallos en ejecución, planificación y gobernanza que debe ser enfrentada con medidas coordinadas, diálogo entre agentes y una administración capaz de transformar planes en obras y servicios efectivos. Solo así el crecimiento se asentará sobre una base social y material sostenible.
