El rechazo parlamentario complica la aplicación inmediata de una deducción del 15% en la renta por compra de un vehículo electrificado y obliga al Gobierno a rediseñar su estrategia para mantener incentivos
El Congreso ha bloqueado otra vez la medida que permitía aplicar una deducción del 15% en el IRPF por la compra de vehículos electrificados, una ayuda que posibilitaba descontar hasta 3.000 euros por unidad. Esta decisión parlamentaria reabre el debate sobre el paquete de incentivos para la movilidad sostenible y deja en una situación de incertidumbre a compradores y fabricantes.
La medida estaba incluida en el denominado escudo social, una batería de propuestas que el Ejecutivo intentó aprobar mediante un decreto, pero que terminó siendo tumbado en la cámara. Aunque el Gobierno todavía puede volver a introducir la deducción mediante un nuevo decreto en el Consejo de Ministros y buscar apoyos, a corto plazo la deducción no podrá aplicarse a compras realizadas durante 2026, que quedarían encuadradas fiscalmente en la campaña de 2027.
Origen del rechazo y consecuencias inmediatas
El trámite arrastra precedentes: a finales de enero ya se había rechazado el decreto ómnibus que agrupaba aumento de pensiones y apoyos a la electromovilidad. Tras aquella derrota, el Gobierno optó por fragmentar las medidas para garantizar su aprobación por separado; así, el aumento de pensiones salió adelante en otro decreto, pero no la deducción por vehículos ni otras propuestas incluidas en el escudo social.
Impacto para compradores y para la fiscalidad
En la práctica, la eliminación temporal de la deducción complica la planificación fiscal de quienes pensaban aprovecharla en la compra de un vehículo electrificado. La deducción se calculaba sobre una base máxima de 20.000 euros, y era aplicable a los vehículos clasificados como BEV (eléctricos puros), PHEV (híbridos enchufables), EREV (eléctricos de autonomía extendida) y FCVH/FCV (vehículos con pila de combustible). Sin el visto bueno del Congreso, la deducción no operará para compras de 2026 salvo que el Gobierno recupere la iniciativa.
Alternativas del Ejecutivo y el plan Auto+
Ante el fallo parlamentario, el Ejecutivo dispone de vías para recuperar la medida: puede volver a presentar la deducción en el Consejo de Ministros, fraccionar el paquete normativo o introducir cambios que faciliten su aprobación en el Congreso. Mientras tanto, el Ministerio de Industria ha confirmado que existe un plan llamado Auto+ para financiar la compra de vehículos electrificados, con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
Plazos y características del plan Auto+
Según declaraciones públicas del director general de programas industriales del Ministerio de Industria, Alberto Ruiz Rodríguez, las ayudas de Auto+ no estarán operativas hasta abril, mayo o junio, cuando se habiliten las solicitudes. El plan sustituye al Moves III, finalizado el 31 de diciembre, y cuenta con una dotación de 400 millones de euros.
Cuantías y criterios de acceso
La ayuda de Auto+ puede llegar a 4.500 euros por vehículo, aunque para alcanzar la cuantía máxima será necesario cumplir varios requisitos novedosos respecto a convocatorias anteriores: límites de coste, características de la motorización y criterios sobre el origen del vehículo. En la práctica, un coche eléctrico barato de origen europeo tendría opciones de lograr la cuantía plena, mientras que un híbrido enchufable importado desde Asia podría quedarse en alrededor del 40% de la ayuda máxima.
Implicaciones para la industria y el consumo
La combinación del rechazo parlamentario y la puesta en marcha de Auto+ introduce volatilidad en el calendario de estímulos: fabricantes, concesionarios y consumidores deben ajustar sus previsiones de venta y demanda según cuándo y cómo se activen estas ayudas. La ausencia momentánea de la deducción fiscal añade complejidad a la ecuación económica de la transición hacia la movilidad eléctrica en España.
Perspectivas y pasos siguientes
En los próximos meses será clave observar cómo el Ejecutivo prioriza la recuperación de la deducción: presentar un nuevo decreto, trocear las medidas para facilitar apoyos parlamentarios o modificar los términos para sumar consensos. Hasta entonces, la alternativa más tangible para quien busque incentivos es esperar la apertura de Auto+ y valorar la combinación de subsidios directos y futuros beneficios fiscales si éstos llegan a restablecerse.
La decisión del Congreso ha puesto de manifiesto la delicada relación entre política fiscal y objetivos climáticos: sin un marco de estímulos claro y estable, la adopción masiva del vehículo electrificado puede sufrir desaceleraciones. El Gobierno tiene herramientas para reaccionar, pero dependerá de su capacidad de negociación y del diseño final de las políticas para que compradores y sector recuperen confianza.
