La Cámara de Concesionarios advierte que la AP-7 sufre un desgaste acelerado tras la supresión de peajes y plantea un plan de 7.000 millones y el retorno del modelo concesional para garantizar su capacidad y mantenimiento
Barcelona, 17/03/2026. La eliminación de los peajes en la AP-7 ha provocado un crecimiento notable del tráfico, especialmente de camiones dedicados al transporte de mercancías, y según algunos estudios el volumen de vehículos habría aumentado en torno al 50%.
La Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (Ccies) alerta de un desgaste acelerado de la calzada porque el nivel de mantenimiento no acompasa el nuevo uso intensivo. A juicio de su presidente, Francesc Sibina, la situación exige medidas urgentes para evitar un colapso de la vía.
Diagnóstico: por qué la AP-7 está bajo presión
La AP-7 forma parte de la ruta europea E-15, un corredor que conecta puertos del Mediterráneo y tráficos procedentes del norte de África con el norte y centro de Europa. Ese papel estratégico ha convertido a esta autopista en un eje esencial para el comercio internacional, pero al desaparecer los peajes el uso se ha disparado y el mantenimiento —responsabilidad del Gobierno— no ha incrementado en la misma proporción. La Ccies estima que la inversión real destinada a conservar la infraestructura se sitúa aproximadamente un 50% por debajo de lo necesario para sostener la carga actual.
La propuesta de los concesionarios
Ante este panorama, la organización que agrupa a empresas como Abertis, Veolia, Alsa y Saba presenta un plan de inversión de 7.000 millones de euros para aumentar la capacidad y modernizar la autopista. La iniciativa plantea sumar un carril en tramos clave y dotar al trazado de nuevas soluciones tecnológicas para adaptarlo a la movilidad contemporánea. La Ccies sostiene que, sin una intervención sólida, el deterioro acumulado por el paso intensivo de vehículos pesados pondrá en riesgo la continuidad del flujo comercial.
Inversiones tecnológicas y energéticas
El proyecto incluye desplegar conectividad 5G a lo largo de la vía, implantar un sistema modular de control del flujo de tráfico y desarrollar parques fotovoltaicos y eólicos para alimentar directamente las electrolineras previstas. Estas tecnologías buscarían reducir congestiones, mejorar la seguridad y permitir la transición hacia vehículos eléctricos pesados. Para los concesionarios, estas actuaciones no son solo mejoras puntuales, sino herramientas para mantener la competitividad del corredor y minimizar el coste social y económico de interrupciones o reparaciones frecuentes.
Capacidad y redistribución modal
La Ccies recuerda que en España más del 95% del transporte de mercancías se realiza por carretera. Aunque algunos tipos de carga —como vehículos, productos químicos o cereales— son susceptibles de pasarse al ferrocarril, la mayor parte de bienes (especialmente los vinculados a distribución rápida o productos perecederos) dependen del camión. La apuesta por el Corredor Mediterráneo y el compromiso del Gobierno de finales de 2026 para impulsar el ferrocarril intentaron absorber parte del tráfico, pero, según los concesionarios, esa estrategia no es suficiente para sustituir la demanda que hoy recae sobre la AP-7.
Modelo concesional y financiación
Francesc Sibina sostiene que Europa retorna al modelo concesional como fórmula para movilizar inversiones sin agravar déficit y deuda pública. El argumento es que la colaboración público-privada permite reactivar proyectos de infraestructura mediante mecanismos de financiación alternativa. La Ccies defiende que es necesario alcanzar un pacto nacional entre las principales fuerzas políticas para desbloquear un acuerdo que garantice la conservación y mejora de las autovías, subrayando que el país ha crecido con la construcción masiva de vías, pero sin un compromiso continuado con su mantenimiento.
Consecuencias y debate público
En el centro del debate está la trayectoria económica y logística del país: mantener la AP-7 en condiciones implica preservar un eje crucial para el comercio europeo, mientras que no hacerlo podría encarecer costes, incrementar accidentes y generar cuellos de botella en la cadena de suministro. La propuesta de la Ccies combina medidas estructurales —ampliación física y despliegue de tecnología— con una discusión política sobre la vuelta a sistemas de pago por uso o fórmulas concesionales que financien la inversión sin aumentar la presión sobre las cuentas públicas.
Reflexión final
La reivindicación de la Cámara de Concesionarios coloca sobre la mesa una disyuntiva clara: gestionar el crecimiento del tráfico mediante mayor inversión y nuevos modelos de financiación, o asumir el riesgo de un deterioro progresivo de una vía estratégica. La Ccies ofrece una hoja de ruta con cifras y soluciones tecnológicas, pero su ejecución depende de acuerdos políticos y de la capacidad de coordinar transferencias modales que reduzcan la presión sobre la carretera. Mientras tanto, la AP-7 sigue acumulando un uso para el que, según los concesionarios, no estaba preparada.
