El postmaster general alerta sobre un déficit que amenaza pagos y entregas; propone aumentar el tope de deuda y revisar obligaciones de jubilación
El Servicio Postal de EE. UU. atraviesa una situación financiera que su máxima dirección describe como crítica. El postmaster general, David Steiner, quien asumió el cargo el último julio, advirtió ante legisladores que, si continúan las prácticas y obligaciones actuales, la entidad podría quedarse sin efectivo para cubrir sueldos y pagos a proveedores en menos de 12 meses.
Esa advertencia encendió debate en el Congreso y reavivó la discusión pública sobre el futuro de un servicio que entrega a todas las direcciones del país seis días a la semana.
La agencia ha venido sosteniéndose en parte mediante préstamos del Tesoro y postergando algunos pagos de beneficios, pero la ley federal fija un tope de endeudamiento de $15.000 millones que ya está alcanzado.
Además, el Servicio Postal cerró el año fiscal 2026 con una pérdida neta de $9.000 millones y registró pérdidas trimestrales consecutivas, incluida una de $1.300 millones tras la temporada alta. Esa combinación de ingresos menguantes y obligaciones crecientes es la que explica la demanda urgente de cambios.
Qué hay detrás del déficit estructural
Varias fuerzas convergen en la mala racha financiera. Por un lado, el volumen de correo tradicional —la fuente más rentable— cayó de alrededor de 220.000 millones de piezas en su pico a cerca de 110.000 millones hoy, una erosión que ha drenado ingresos significativos. Por otro lado, el Servicio Postal opera con cargas regulatorias y obligaciones laborales y de retiro que lo hacen similar a una agencia del gobierno pero sin apropiaciones anuales del presupuesto. Steiner ha comparado la situación con haber sido arrojados al agua y recibir un ancla en vez de un salvavidas: la combinación de mandatos y limitaciones financieras impide maniobrar con rapidez.
Reformas ya aprobadas y límites que persisten
En 2026, el Congreso aprobó la Postal Service Reform Act, que eliminó la exigencia de prefinanciación de beneficios y canceló alrededor de $57.000 millones en pagos pasados, lo que alivió temporalmente la carga y permitió un ejercicio sin déficit por primera vez en años. Sin embargo, esa medida no resolvió otros frentes: el tope legal para pedir préstamos no se ha modificado desde hace décadas y siguen vigentes reglas que condicionan tarifas, pensiones y la forma de invertir fondos de retiro.
El papel del tope de deuda y la capacidad tarifaria
El llamado inmediato del postmaster general es claro: elevar el límite de endeudamiento para ganar tiempo y evitar interrupciones en pagos a empleados y proveedores. Al mismo tiempo, propone ampliar la flexibilidad para ajustar los precios de los sellos más allá de los límites actuales, de modo que el negocio de paquetes —más rentable— pueda ayudar a sostener el servicio postal tradicional. Estas opciones, sin embargo, chocan con resistencias políticas y temores de que aumentos de tarifas o cambios en rutas y entregas perjudiquen a comunidades rurales y a usuarios vulnerables.
Alternativas en la mesa y riesgos de cada una
Entre las medidas en discusión figuran entregar cinco días por semana en lugar de seis, cerrar oficinas de menor uso en zonas remotas y permitir al Servicio Postal ofrecer tarifas negociadas para servicios de última milla a grandes empresas. Algunas estimaciones citadas por funcionarios apuntan que limitar la entrega a cinco días podría ahorrar cerca de $3.000 millones al año, mientras que cerrar oficinas pequeñas generaría cerca de $840 millones. No obstante, esos recortes implican una menor cobertura y foto negativa en términos políticos y sociales.
Implicaciones políticas y el futuro operativo
La solución requiere que el Congreso actúe: subir el tope de deuda o autorizar cambios regulatorios es la vía más rápida para evitar un impago operativo. Al mismo tiempo, la discusión incluye reformas a cómo se calculan y financian las pensiones y las estrategias de inversión de esos fondos. Amplios sectores advierten que si no se adoptan medidas equilibradas, podría producirse un deterioro en la confiabilidad del servicio y un eventual traslado de clientes a operadores privados, lo que a la larga dañaría la capacidad del Servicio Postal para generar ingresos suficientes.
En síntesis, la crisis del Servicio Postal combina pérdida de mercado, restricciones legales y cargas históricas de beneficios. Las propuestas del director buscan tiempo y margen para reconfigurar ingresos y costos, pero requieren apoyo legislativo y concesiones difíciles. El desenlace definirá no solo la salud financiera de la institución, sino también cómo se distribuye el servicio postal en todo el país.
