La Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía por unanimidad para casos políticos entre 2002 y 2026; la norma excluye a implicados en hechos armados y prevé un mecanismo judicial y comisiones de supervisión
La Asamblea Nacional aprobó el 20/02/2026, por unanimidad, una ley de amnistía destinada a personas condenadas por motivos políticos en episodios de crisis entre 2002 y 2026. La iniciativa fue presentada como un paso hacia la distensión política y busca la excarcelación y el cierre de causas contra dirigentes y activistas que se encuentran en prisión, en la clandestinidad o en el exilio.
El texto legal establece límites claros: quedan excluidas las personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país, condición que marca el perímetro de los beneficiarios.
Alcance y excepciones de la norma
La ley delimita su aplicación a episodios concretos de conflictividad política que abarcan el periodo señalado. Además de la condena general a los procesados por participación armada, el texto introduce exclusiones específicas: militares encausados por delitos de rebelión quedan fuera del perdón, y no se incorpora explícitamente a los procesos basados en la figura jurídica conocida como delitos de odio, utilizada en algunos casos para sancionar mensajes críticos en redes sociales y aplicaciones de mensajería. Según los cálculos parlamentarios, de los alrededor de 600 detenidos por motivos políticos, cerca de 174 pertenecen a la Fuerza Armada y, por tanto, no podrán acogerse a la medida.
Trámite, plazos y mecanismos de aplicación
Tras su aprobación en el Parlamento, el texto fue remitido al Palacio de Miraflores para su promulgación por parte de la autoridad competente. La ley incorpora un procedimiento para la concesión de la amnistía: los tribunales tienen un plazo de 15 días para revisar las solicitudes y dictar resolución, acelerando así los trámites. Se creó además una comisión parlamentaria de 23 diputados encargada de supervisar la implementación y vigilar posibles exclusiones o dificultades prácticas en la ejecución de la norma.
Derechos procesales y garantías
Un punto central de la negociación fue el artículo que regula el acceso a la amnistía. El debate giró en torno a la obligación de comparecer ante los tribunales antes de recibir el perdón, una exigencia que generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos y familiares. Como resultado de las negociaciones se incluyó la posibilidad de actuar mediante representación legal para quienes estén fuera del país y una cláusula que impide la detención de solicitantes desde el momento en que tramitan la medida. Además, se incorporó el principio de favorabilidad al acusado en caso de dudas interpretativas, lo que podría ampliar el alcance práctico del beneficio.
Contexto político y reacciones sociales
La aprobación llega en un contexto de cambios en el escenario político y tras un proceso de excarcelaciones parciales que en las semanas previas ya habían dejado en libertad a varias centenas de personas; fuentes parlamentarias indicaron que en el último mes y medio se contabilizaron 444 excarcelaciones. Sin embargo, familias y organizaciones siguen presionando para que la medida se concrete en libertades efectivas: hubo protestas frente a centros de detención como la conocida sede policial denominada Zona 7, y algunos familiares iniciaron huelgas de hambre para exigir rapidez y cumplimiento de compromisos.
Dimensión política del acuerdo
El oficialismo defendió la ley como un gesto de distensión y buscó que la votación fuese unánime como señal política, aunque su mayoría parlamentaria no requería respaldo opositor para aprobarla. El anuncio inicial de la política sobre el paquete de excarcelaciones fue realizado el 29/01/2026 por Delcy Rodríguez, y la amnistía vino a consolidar ese proceso en una norma general. Analistas y organizaciones como Foro Penal han valorado la ley como un avance relevante, pero advirtieron que la libertad plena exigirá desmontar el conjunto de normas y prácticas que permitieron la persecución política.
Desafíos de implementación y perspectivas
La eficacia de la ley dependerá tanto de la actuación de los tribunales como de la voluntad política para aplicar los beneficios más allá de los casos estrictamente enumerados. La norma puede aliviar presiones internas y externas y contribuir a la recomposición del espacio político, pero expertos recuerdan que es un mecanismo jurídico puntual y no una reforma estructural del sistema judicial o policial. En el corto plazo, el reto será traducir la norma aprobada por la Asamblea Nacional en libertades palpables para cientos de familias que esperan el cierre de causas y la liberación efectiva de sus allegados.
