Una pesquisa internacional destapa órdenes de 'quemad todo' en la época nazi y documentos que plantean dudas sobre el tratamiento de casos durante décadas
Hace décadas que la discusión sobre abusos sexuales en la Iglesia católica convive con un factor clave: los archivos. Una investigación conjunta liderada por Correctiv y en colaboración con EL PAÍS, The Boston Globe, Observador y Casa Macondo aporta ahora papeles que obligan a repensar cuánto sabía realmente el Vaticano y cómo gestionó esa información.
Entre los documentos aparecen instrucciones explícitas de destrucción y expedientes que no han sido accesibles a los investigadores, lo que coloca en primer plano la discusión sobre la necesidad de transparencia institucional y la responsabilidad histórica.
Los nuevos archivos muestran un patrón: información centralizada en el Dicasterio de Doctrina de la Fe y en el antiguo Santo Oficio, procesos tramitados en secreto y, en ocasiones, decisiones de proteger la institución por encima de la protección de las víctimas.
Entre las páginas desveladas hay piezas que retrotraen a los años treinta en Alemania, cartas firmadas por figuras que más tarde serían papas, y órdenes tajantes de eliminar todo rastro documental cuando el régimen nazi avanzaba.
Qué dicen los documentos antiguos
Los papeles datan de los años treinta y narran un mecanismo de protección de la Iglesia ante amenazas externas. Frente al avance de los nazis, algunas comunicaciones internas ordenaron la eliminación de archivos comprometedores. En cartas y apuntes manuscritos aparece la indicación, que los investigadores han sintetizado como la instrucción de ‘quemad todo’, para evitar que los expedientes de curas acusados de pederastia fuesen utilizados contra la Iglesia. Ese protocolo se ligaba además a un sistema de numeración, el número de protocolo, que marcaba el rastro administrativo de cada asunto y que en varios casos se pidió borrar.
La reacción ante la amenaza nazi
El contexto europeo de la época explica la urgencia: el Poder temporal del régimen utilizaba acusaciones morales para descalificar a la institución católica y, por tanto, obispos y responsables vaticanos priorizaron la salvaguarda del orden eclesiástico. Figuras como Eugenio Pacelli y Giovanni Battista Montini aparecen en los intercambios administrativos que autorizaron procedimientos locales y subrayaron la conveniencia de evitar dejar documentación escrita cuando el entorno político era hostil. La jerarquía buscó así preservar la reputación clerical, una decisión que hoy plantea serios problemas de responsabilidad histórica.
Casos contemporáneos y la continuidad del secreto
Además de las fuentes históricas, el dossier incluye expedientes más recientes que ponen en duda la narrativa oficial sobre la llegada de casos a Roma. Aunque el Vaticano ha sostenido que la recepción masiva de denuncias se inició tras las normas de 2001, los documentos prueban que, con diferentes grados de reserva, asuntos importantes llegaron a la curia mucho antes. Ejemplos citados por la investigación abarcan desde un fraile denunciado en Portugal en 1972 hasta episodios en Colombia y en diócesis de Estados Unidos y Australia, algunos encubiertos durante años.
El caso Ratzinger y otros expedientes sin cerrar
Una pieza destacada es un expediente relacionado con Joseph Ratzinger, que ya fue objeto de atención mediática en 2010. Entre los documentos aparece una carta fechada en 1986 que sugiere conocimiento temprano sobre la peligrosidad de un sacerdote en la diócesis de Múnich y que fue tramitada con reserva, al margen del protocolo habitual; ese cura habría abusado de 23 menores antes de que el caso se hiciera público en 2010. Situaciones como esta reabren preguntas sobre cómo se priorizaron procedimientos internos frente a medidas de seguridad para las víctimas.
Respuestas institucionales y la exigencia de apertura
Tras el hallazgo, en agosto de 2026 Correctiv remitió preguntas y documentos a León XIV; esas consultas fueron derivadas a la Comisión Pontificia de Protección de Menores y al Dicasterio de Comunicación, sin respuesta pública. El mismo cuestionario fue entregado de nuevo al pontífice en persona el 27 de enero, y a día de hoy se mantiene la petición abierta de aclaración. En el plano cuantitativo, cifras aportadas en distintos momentos por la propia Doctrina de la Fe y por investigadores independientes muestran discrepancias: estimaciones de Charles Scicluna en 2010 hablaban de cerca de 3.000 casos en Roma; en 2014 se informó a la ONU de 3.420 casos entre 2004 y 2013; y en 2026 la cifra comunicada ascendía a 9.000 desde 2001, mientras que recuentos nacionales, como el de EL PAÍS en España, sitúan miles de acusados y víctimas.
Abrir los archivos, permitir auditorías externas o publicar estudios propios serían gestos concretos para demostrar la voluntad de transparencia que exigen las víctimas y la sociedad. El nuevo pontífice, León XIV, ha mostrado sensibilidad y ha expresado la importancia de avanzar en verdad y reparación; sin embargo, la constatación de que existió una práctica de destrucción y ocultamiento durante episodios críticos obliga a reclamar respuestas documentales precisas. Solo así podrá juzgarse con rigor el alcance real de lo que permanece encerrado en los fondos vaticanos.
