El acceso del cardenal Pierbattista Pizzaballa al Santo Sepulcro fue bloqueado por la Policía israelí en Domingo de Ramos, lo que ha provocado condenas diplomáticas y una defensa oficial basada en motivos de seguridad
El bloqueo del acceso al Santo Sepulcro por parte de la Policía israelí durante el Domingo de Ramos encendió una ola de críticas desde varias capitales europeas. La diócesis de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa denunciaron que el patriarca, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, y el custodio, el padre Francesco Ielpo, fueron detenidos en su camino a la basílica y obligados a regresar, en lo que consideraron un hecho sin precedentes «desde hace siglos».
El gesto no solo afectó a la ceremonia, sino que abrió un debate sobre la protección de los lugares sagrados y la libertad religiosa en un contexto de tensión regional.
Fuentes del Patriarcado y de la Custodia subrayaron que los líderes eclesiásticos actuaban sin carácter público ni procesional y que habían cumplido previamente las restricciones impuestas por las autoridades en el marco del conflicto.
Según esas instituciones, muchas celebraciones se transmitieron de forma remota para evitar aglomeraciones. Pese a ello, la imposibilidad de celebrar la misa en el Santo Sepulcro marcó un precedente simbólico que trascendió la liturgia y añadió presión diplomática sobre Jerusalén.
Qué pasó en Jerusalén
Las autoridades israelíes explicaron la medida apelando a motivos de seguridad vinculados a la guerra y a los ataques con misiles procedentes de Irán. El Gobierno argumentó que, tras el impacto de restos de proyectiles en zonas próximas a sitios históricos, era necesario cerrar temporalmente el acceso a determinados puntos de la Ciudad Vieja para preservar la integridad pública. En paralelo, el presidente Isaac Herzog llamó al patriarca para expresar su pesar por el incidente, mientras que la jefatura de Gobierno anunció que se trabaja en un plan que permita la celebración de actos religiosos en días posteriores con mayores garantías.
Interrupción del recorrido privado
El Patriarcado relató que la comitiva era de carácter privado y que no había elementos de procesión ni convocatoria pública; aun así, la Policía intervino y detuvo el avance de los vehículos. La consecuencia directa fue la imposibilidad de celebrar la tradicional misa en uno de los lugares más reverenciados por millones de creyentes. Esta acción fue descrita por los responsables eclesiásticos como «irrazonable y desproporcionada», y se señaló que vulneraba el status quo de los Santos Lugares, entendido como el arreglo histórico que regula el acceso y las prerrogativas entre confesiones.
Reacciones políticas y diplomáticas
En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó la decisión y la calificó como un «ataque injustificado a la libertad religiosa«, reclamando el respeto a la diversidad de credos y al derecho internacional. En Roma, la primera ministra Giorgia Meloni y el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, anunciaron medidas diplomáticas que incluyen la convocatoria del embajador israelí. El presidente francés, Emmanuel Macron, también expresó su respaldo al Patriarcado Latino de Jerusalén y exigió garantías para la libertad de culto en la ciudad.
Defensa oficial de Israel
Desde Tel Aviv, el primer ministro Benjamin Netanyahu defendió la actuación subrayando que las restricciones responden a una amenaza real y a la necesidad de proteger a los fieles. El ministerio de Exteriores israelí y la Policía afirmaron que la medida era general para todos los lugares sagrados que no cuentan con espacios protegidos adecuados, y que no se trataba de una decisión dirigida contra una confesión específica. El ministro Gideon Saar respondió además a críticas concretas en redes sociales, señalando la existencia de impactos de misiles en la zona y acusando a algunos dirigentes de doble rasero en su reacción.
Contexto y consecuencias
Este episodio se inserta en un contexto de alta tensión regional donde la seguridad de la Ciudad Vieja de Jerusalén se ha vuelto una preocupación central. Para las instituciones cristianas, la prohibición plantea dudas sobre el respeto a acuerdos históricos y sobre la protección efectiva de los fieles y de los espacios patrimoniales. Para los Gobiernos que han protestado, la acción excede lo que la amenaza justificaba y exige aclaraciones y garantías. A corto plazo, las autoridades israelíes han prometido trabajar en soluciones para que las comunidades puedan celebrar la Semana Santa con seguridad; a medio y largo plazo, el episodio arroja luz sobre la frágil intersección entre seguridad y derechos religiosos en un punto de alta sensibilidad internacional.
En definitiva, la prohibición del acceso al Santo Sepulcro en Domingo de Ramos no solo alteró una ceremonia, sino que puso en primer plano la tensión entre medidas de seguridad y la protección de la libertad religiosa, generando un choque diplomático entre Israel y varios gobiernos europeos que reclama una respuesta clara y medidas que prevengan nuevos enfrentamientos en los lugares sagrados.
