Un sumario judicial y varios informes policiales describen un posible circuito de favores para asegurar la Declaración de Impacto Ambiental a proyectos vinculados a Forestalia
La investigación abierta en el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel ha situado en el centro del foco a la empresa Forestalia y a varios responsables públicos y presuntos testaferros. Tras la denuncia de Teruel Existe sobre la tramitación de 52 proyectos, la Guardia Civil y la Fiscalía han incorporado al sumario hallazgos recogidos por la UCOMA y la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA).
Entre los documentos incorporados figuran un informe de la UCOMA fechado el 23 de febrero y un auto judicial del 27 de febrero que autorizó registros en Madrid y Zaragoza; ambos describen prácticas que, según los investigadores, habrían favorecido la obtención de permisos ambientales.
Las detenciones del empresario Fernando Samper y del exsubdirector de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, son un punto de inflexión en el caso. El sumario identifica a seis investigados, incluidos Montserrat Heredero, los hermanos Eduardo y Roberto Pérez Águeda y el notario Javier de Lucas Cadenas. Los agentes atribuyen al entramado delitos que abarcan desde prevaricación ambiental y cohecho hasta blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal, y reclaman el análisis pormenorizado de cómo se gestionaron expedientes como el Clúster del Maestrazgo.
Origen y alcance de la causa
La pieza arrancó a partir de irregularidades detectadas en la tramitación administrativa de parques eólicos y solares, con especial atención al llamado Clúster del Maestrazgo, vendido por 500 millones de euros a un fondo danés y aún sin ejecutar. Los investigadores sostienen que muchos expedientes fueron favorecidos para lograr la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisito imprescindible para avanzar en la instalación de parques. El informe de la UCOMA describe cómo, entre 2026 y 2026, se valoraron favorablemente centenares de proyectos vinculados a Forestalia, lo que plantea dudas sobre la imparcialidad y la legalidad de la evaluación administrativa.
El papel de funcionarios y empresas públicas
Desde el centro del mecanismo figura, según la investigación, el exsubdirector del Ministerio, que se habría reservado la gestión de los expedientes de Forestalia y derivado trabajos a equipos externos bajo su supervisión directa. En ese proceso, la empresa pública Tragsatec aparece como un actor clave: los investigadores sostienen que pasó de ofrecer apoyo técnico puntual a ser la herramienta central para elaborar informes listos para firma. Este uso intensivo de medios públicos, unido a reuniones fuera de cauces formales entre promotores y funcionarios, alimenta las sospechas de trato de favor.
Pagos, sociedades pantalla y vínculos privados
Los investigadores atribuyen al exalto cargo ingresos por al menos 5,2 millones de euros a través de sociedades pantalla, entre ellas Estudio de Asesoramiento Dherco, administrada por su esposa. Asimismo, la conexión con exresponsables autonómicos —Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile— que crearon la consultora Viadós (luego Athmos Sostenibilidad) y vendieron sus participaciones a Nearco Renovables, vinculada al grupo de Samper, figura en el expediente. Un informe del SEPBLAC detectó un pago de aproximadamente 4,4 millones con una diferencia de 443.531 euros que, según la Guardia Civil, se distribuyó entre los vendedores, lo que suma indicios de irregularidades.
Administración autonómica y el problema del fraccionamiento
En Aragón, el papel del INAGA y de su entonces director, Jesús Lobera, también está bajo escrutinio. Testimonios recogen una actitud «proactiva» para garantizar resoluciones favorables, y la UPRONA concluyó que algunos proyectos podían haber sido fragmentados para eludir la competencia estatal: sumados, varios parques alcanzaban 108,8 megavatios, por encima del umbral que corresponde a la evaluación por la Administración General del Estado. Los agentes consideran que ese posible fraccionamiento podría constituir un fraude de ley y dar lugar a delitos de prevaricación.
Reacciones sociales y medidas reclamadas
La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel y colectivos ecologistas han pedido la suspensión cautelar de todos los proyectos de Forestalia en la región y reclaman reformar o sustituir al INAGA por una dirección con funcionarios y protocolos claros. Mientras avanza la instrucción, el juez y la Guardia Civil valoran si adoptar medidas cautelares sobre proyectos estratégicos como el Clúster del Maestrazgo, cuyo futuro administrativo y ambiental queda ahora en el aire ante la posibilidad de daños irreversibles señalados por los informes policiales.
Este caso articula preguntas sobre la gobernanza en la transición energética: cómo se evalúan los impactos, quién controla los procesos y qué mecanismos evitan la connivencia entre promotores y administraciones. La instrucción judicial continuará desentrañando roles, pagos y decisiones administrativas, y su resolución tendrá consecuencias más allá de un único promotor, pues podría marcar precedentes en la regulación y supervisión de las energías renovables y de la gestión ambiental en España.
