Tensiones en el Gobierno de coalición, la razón es la futura ley de libertad sexual promovida por el Ministerio de Igualdad. Una norma integral que conlleva cambios en muchos niveles, en particular la reforma del Código Penal.
El acuerdo de Gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos supone una ley integral para la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales a través de la revisión de los delitos. Una reforma del Código Penal para asegurar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales: ‘Solo sí es sí‘.
Irene Montero, ministra de Igualdad, planea empujar antes del 8-M una ley de libertades sexuales que engloba este asunto. A comienzo de febrero, la ministra declaró que esta ley habría sido aprobada por el Consejo de Ministros «en semanas». Las fechas han pasado, pero no ha pasado nada. El motivo, según fuentes de la negociación, son las discrepancias sobre la ley en el Gobierno. El proyecto está terminado, lo que falta es la autorización de Justicia.
Unidas Podemos han inculpado al Ministerio de Justicia, controlado por el PSOE, de obstaculizar esta reforma retrasando su aprobación. La solución de Montero fue hacer pública la tensión entre los dos ministerios a través de los medios. La polémica estalló y La Moncloa, para conternala, tuvo que garantizar que la ley llegará a la fecha clave. De hecho, La Moncloa ha intentado a dar por concluida la crisis declarando a través de un mensaje oficial que la futura ley tiene el consenso total del Gobierno y que estará lista en los plazos previstos. Eso supone que la nueva norma conllevará también la reforma del Código Penal relativos a los delitos sexuales. Y que todo se hará en la fecha del Día Internacional de la Mujer.
Pedro Sánchez, acutualmente en Bruselas, también ha intentado a calmar las aguas garantizando que la ley se aprobará para ese día. El Presidente, dando por resuelta la polémica, añadió que se trata de una norma necesaria para asegurar la igualdad de genero y dar mayor seguridad y protección a las mujeres.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, declaró que se trata de una polémica no tan grave dado que la discusión técnica entre ministerios es habitual en todas las leyes. Por su parte, Justicia aclaró que no hay ninguna intención de bloquear la ley. Simplemente es muy importante estudiar técnicamente la propuesta. Se trata de una reforma que afecta a derechos fundamentales y que conlleva la necesidad de armonizarla con el resto del Código Penal.
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