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La educación especial pide la supresión de la ‘ley Celaá’ de la disposición que permitiría cerrar los colegios de educación especial, y derivar a los niños a centros especiales. La reforma dice que se haría un incremento en los recursos de los centros ordinarios para la integración de las familias con hijos con discapacidades.
La Comisión de Educación en el Congreso aprobó el primer trámite de la Ley de Educación, conocida como ley Celaá. Entre las disposiciones adicionales se incluye el incremento de los recursos de los centros ordinarios para que las familias con hijos con discapacidades puedan integrarse en dichas escuelas.
Pero los padres en esta situación lo rechazan.
Estas entidades consideran que el proyecto de ley suprime este tipo de educación al vaciarla de recursos y de financiación. Desde el Ministerio de Educación, en cambio, señalan que los centros de educación especial “se mantendrán para dar servicio a los estudiantes que requieran atención muy especializada y que serán centros de referencia para apoyar con sus experiencias a los centros de integración”.
La disposición adicional cuarta de la Ley Celaá, que obliga a derivar a los niños con discapacidad desde sus centros actuales, donde cuentan con medios, profesionales y docentes especializados, hasta colegios ordinarios donde, en opinión de muchos padres afectados, serán “aparcados como muebles”.
La derivación de los niños no tendrá en cuenta la opinión de los padres, de los propios niños o del personal especializado que los atiende.
La medida de la ley Celaá sobre los colegios de educación especial se apoya en un informe de 2017 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Un informe muy criticado por las más de 150 asociaciones españolas agrupadas en Educación Inclusiva Sí, Especial También.
En ese informe, que fue aprovechado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para pedir un cambio en la legislación, se afirma que España segrega y excluye a los niños con discapacidad. También se asegura que esa “segregación” afecta de forma grave al derecho a la educación de este colectivo.
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