La denuncia interpuesta en el mes de marzo por la asociación Abogados Catalanes por la Constitución, contra Ada Colau, Jaume Asens y varios miembros y ex miembros del Ayuntamiento de Barcelona, ha sido ampliada por la concesión de 3,4 millones de euros en ayudas y subvenciones irregulares.
Ya en ese mes fue admitida a trámite por parte de la Fiscalía anticorrupción, por los presuntos delitos de; , fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Ahora la entidad añade el delito por organización criminal.
Las personas que constan en la denuncia son: la alcaldesa Ada Colau, el diputado del congreso y ex número dos de la alcaldesa Gerardo Pisarello, el otro diputado del congreso Jaume Asens, Gala Pin, Vanesa Vliño, Laura Pérez Castaño, Laia Ortiz y Eloi Badia.
La asociación de abogados señala que: «La ampliación viene motivada por el presunto incumplimiento de su deber de abstención ante el posible conflicto entre sus intereses». Es decir, que los acusados se tendrían que haber abstenido de otorgar las subvenciones a las asociaciones entre junio del 2015 y junio del 2017. Pues formaron parte de ellas antes de formar parte del gobierno que preside actualmente el Ayuntamiento de Barcelona.
En la demanda presentada el día 2 de marzo se recoge que fueron ; el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca , la Alianza contra la Pobreza Energética e Ingenieros sin Fronteras, las asociaciones que recibieron concesiones irregulares cifradas en 3.433.621 euros recibidas por ESF. En concreto el Observatorio DESC recibió 1.201.892,66 euros e Ingenieros sin Fronteras 645.692,65 euros.
En la primera denuncia presentada por Abogados Catalanes por la Constitución el 2 de marzo de 2021, se recogía “la reiterada y presuntamente injustificada” concesión de un conjunto de subvenciones por valor de asociaciones todas ellas con las que Colau y el resto de denunciados “han mantenido estrechos lazos personales y profesionales con anterioridad a ocupar los cargos”.
En el comunicado emitido por la entidad denunciante se señala que:
«Estas subvenciones fueron otorgadas para fines sobre los cuales el Ayuntamiento de Barcelona carece de competencias, por lo que se denuncian presuntas prácticas prevaricadoras, además de presuntos delitos de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias».
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