La Fiscalía defiende que no se puede imputar solo por el cargo ocupado en la Generalitat Valenciana.
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Contexto de la investigación sobre la DANA
La reciente investigación sobre la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la Comunidad Valenciana ha puesto en el centro del debate la responsabilidad de altos cargos en la gestión de emergencias.
En este contexto, la Fiscalía de Valencia ha manifestado su oposición a la imputación de Emilio Argüeso, quien fue el número dos de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Este pronunciamiento se basa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que no se puede atribuir responsabilidad objetiva a una persona solo por su posición en la organización.
La postura de la Fiscalía
Según un escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, se apoya la apelación de Argüeso contra el auto de la jueza que lo imputó. La Fiscalía argumenta que, aunque Argüeso ocupaba un cargo relevante, esto no implica automáticamente que tenga responsabilidad en la gestión de la crisis. Sin embargo, también señala que si la investigación avanza y se demuestra que Argüeso tenía un papel activo en la adopción de decisiones que podrían haber evitado muertes, podría ser imputado en el futuro.
Responsabilidades en la gestión de emergencias
La exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, quien también ha sido llamada a declarar, ha defendido su gestión y la de su equipo, argumentando que la responsabilidad de la gestión de la DANA recae en los técnicos especializados. Esta defensa se produce en un momento en que la opinión pública exige claridad sobre las decisiones tomadas durante la crisis y su impacto en la seguridad de los ciudadanos. La Fiscalía ha dejado claro que la investigación sigue abierta y que se tomarán las decisiones pertinentes en función de los hallazgos que se vayan produciendo.
Implicaciones futuras de la investigación
La situación actual plantea interrogantes sobre cómo se gestionan las emergencias en la Comunidad Valenciana y qué medidas se pueden implementar para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La Fiscalía ha enfatizado que la imputación de un cargo público debe basarse en pruebas concretas de negligencia o incumplimiento de deberes, y no simplemente en la posición que ocupa. Este enfoque podría sentar un precedente importante en la forma en que se evalúan las responsabilidades en la gestión de crisis en el ámbito público.
