El presidente de la Diputación de Badajoz planea su entrada en la política regional.
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El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo (PSOE), ha anunciado su intención de convertirse en diputado autonómico en la Asamblea de Extremadura, un movimiento que se produce en un contexto de investigaciones judiciales que lo involucran. Esta decisión marca un cambio significativo en su estrategia política, ya que anteriormente había manifestado que esperaría a que concluyera el proceso judicial en el que está implicado.
Investigaciones y su impacto en la carrera política
Gallardo está siendo investigado en relación con la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Si logra acceder a la Cámara legislativa regional, obtendría la condición de aforado, lo que implicaría que cualquier juicio en su contra se llevaría a cabo en un tribunal superior.
Esta situación ha generado un intenso debate sobre la relación entre la política y la justicia en la región.
Motivos detrás de su decisión
En una reciente rueda de prensa, Gallardo explicó que su decisión de entrar en la Asamblea busca situarse en el centro de la política extremeña y combatir lo que él considera el peor Gobierno que ha tenido la región, refiriéndose al Ejecutivo de María Guardiola (PP). A pesar de las acusaciones y el proceso judicial en curso, ha subrayado que su paso a la Asamblea no implica inmunidad y que el proceso judicial seguirá su curso.
El camino hacia la Asamblea
Para que Gallardo pueda acceder a la Asamblea, es necesario que uno de los 16 diputados autonómicos del PSOE por la provincia de Badajoz deje su escaño. Además, cuatro integrantes de la lista electoral socialista deben renunciar a la posibilidad de ser diputados autonómicos. Gallardo ocupaba el puesto 23 en la lista del PSOE en las últimas elecciones autonómicas, donde el partido logró 16 escaños.
La situación se complica aún más con la reciente petición de apertura de juicio oral por parte de las acusaciones populares, que solicitan tres años de prisión para Gallardo y David Sánchez. Sin embargo, la Fiscalía ha pedido el archivo del procedimiento, argumentando que no hay indicios racionales de criminalidad. Si el juicio se lleva a cabo mientras Gallardo ya sea diputado autonómico, el caso será trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
