El Gobierno mantiene su respaldo al fiscal general en un contexto de tensiones judiciales.
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El Gobierno español se mantiene firme en su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un clima de creciente tensión judicial. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha dado un paso al frente al criticar de forma contundente el auto del juez del Supremo, Ángel Hurtado.
Aunque el Gobierno evita acusar directamente al magistrado de prevaricación, sus palabras dejan claro que la situación es difícil de entender y que hay una falta de pruebas que incriminen al fiscal.
Una postura clara en medio de la polémica
Durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Alegría fue contundente. “Es evidente que a estas alturas algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”, afirmó en respuesta a las preguntas sobre el auto de Hurtado. La portavoz no descartó la posibilidad de que el juez esté actuando de forma injusta, insinuando que su decisión carece de fundamento. “No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general como filtrador de nada”, insistió, sugiriendo que varios periodistas ya poseían la información antes de que se mencionara al fiscal.
La defensa del fiscal general
La posición del Gobierno es clara: defender al fiscal general hasta el final. Este enfoque rompe con la tradición del PSOE, donde se esperaba la dimisión de cualquier dirigente bajo un juicio oral. El Ejecutivo argumenta que la actuación del juez Hurtado es excepcional y, por lo tanto, su respuesta también debe serlo. Sánchez y su equipo, incluido Félix Bolaños, el ministro de Justicia, están decididos a respaldar a García Ortiz, convencidos de que no hay pruebas suficientes para una condena.
Un cambio en la narrativa política
La estrategia del Gobierno ha cambiado. Antes, la respuesta era un “respeto total a la actuación de los jueces”. Ahora, el discurso es de contrataque. En privado, las críticas al auto del juez son aún más contundentes. “Este Gobierno mantiene el apoyo al fiscal general”, reiteró Alegría, negando cualquier instrucción desde la presidencia y lamentando que el Supremo haya hecho afirmaciones sin pruebas. “Defendemos la presunción de inocencia”, agregó, subrayando la confianza en la justicia.
La repercusión en la opinión pública
Según encuestas internas, el Ejecutivo percibe un cambio en la opinión pública, que comienza a cuestionar las decisiones de ciertos jueces. El Gobierno insiste en que son solo unos pocos los que actúan al límite. Esta percepción ha llevado a un endurecimiento de su postura, donde ahora se ventilan con más fuerza las críticas a decisiones judiciales que afectan directamente al Ejecutivo.
Expectativas frente al futuro judicial
Pedro Sánchez y su círculo cercano confían en que el recurso presentado por García Ortiz será favorable. La creencia es que la apelación será decidida por magistrados de prestigio, lo que podría cambiar el rumbo de la situación. Mientras tanto, el Ejecutivo se prepara para cualquier eventualidad, manteniendo su apoyo inquebrantable a su fiscal general.
La situación es tensa, y el futuro incierto. ¿Logrará el fiscal general salir airoso de este embrollo judicial, o se verá atrapado en una red de acusaciones infundadas? La respuesta a esta pregunta dejará a muchos expectantes.
