La ley de enseñanzas superiores de Ayuso genera controversia y posibles sanciones a universidades y estudiantes.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha desatado un nuevo conflicto en las universidades públicas de la región con su reciente propuesta de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Este proyecto, fechado el 29 de mayo, no solo ahoga económicamente a los seis campus madrileños, sino que también amenaza la autonomía universitaria.
Las críticas no se han hecho esperar.
Un régimen sancionador controvertido
El régimen sancionador propuesto es uno de los aspectos más llamativos y polémicos. Se establece que se consideran infracciones “graves” las manifestaciones no autorizadas que interfieran en otras actividades.
Las sanciones pueden alcanzar los 100.000 euros. Los rectores de las universidades han expresado su preocupación, denunciando la falta de recursos y la presión que esto supone.
Las infracciones “muy graves”, que podrían acarrear multas que oscilan entre 100.000 y un millón de euros, incluyen la falta de garantía de pluralidad y libertad en los campus. Este enfoque ha sido comparado con las políticas de control de manifestaciones en otros países, generando un ambiente de inquietud entre los estudiantes y académicos.
Infracciones ambiguas y arbitrariedad
Las sanciones más severas contemplan desde la realización de actividades académicas sin autorización hasta la falta de protección de los derechos fundamentales en el campus. Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, ha calificado estas disposiciones de “jurídicamente inaplicables” y peligrosas por su potencial arbitrariedad. “No se puede castigar sin especificar la conducta que lleva a una sanción”, advierte Urías.
Un ejemplo de esta ambigüedad es la redacción que implica no garantizar la libertad de expresión, lo que deja a las universidades expuestas a sanciones por acciones ajenas a su control. La posibilidad de que cada acto en el campus sea susceptible de castigo ha sembrado la preocupación entre la comunidad educativa.
El impacto en la libertad de expresión
El régimen de sanciones, que pone en el punto de mira a las protestas estudiantiles, entra en conflicto directo con la Ley de Convivencia Universitaria de 2022. Las universidades catalanas y vascas no han incluido en sus normativas castigos disciplinarios similares, lo que resalta la singularidad del enfoque madrileño. Las críticas por parte de estudiantes y profesores se han intensificado, argumentando que esta ley limita el derecho a la protesta y, por ende, la libertad de expresión.
Reacciones de la comunidad universitaria
La asociación estudiantil Libertad sin Ira ha celebrado la inclusión de este régimen sancionador, afirmando que se sienten representados por la normativa. Sin embargo, otros grupos estudiantiles, como S’ha Acabat!, han denunciado que su exclusión de las ayudas públicas es una clara discriminación. A medida que las tensiones aumentan, las universidades se ven atrapadas en una lucha de poder entre la administración regional y los derechos de su comunidad educativa.
Las palabras de Ayuso en sus intervenciones no han hecho más que avivar el fuego. En un reciente discurso, afirmó que “toda la izquierda ha colonizado la universidad pública”, lo que ha sido rechazado de plano por los rectores, quienes abogan por la pluralidad y el respeto a todas las ideologías.
La sombra de la censura
Con el borrador de la LESUC, Madrid se posiciona en un camino peligroso que, según muchos expertos, podría llevar a la censura y a un clima de miedo en las universidades. ¿Hasta dónde llegará esta ofensiva contra la autonomía universitaria? Las consecuencias de esta legislación podrían ser profundas y duraderas, afectando no solo a la calidad educativa, sino también a la esencia misma de la libertad académica.
La comunidad universitaria observa con atención estos desarrollos, preguntándose si habrá un giro en la resistencia ante las imposiciones del gobierno regional. Aunque aún no se han implementado las sanciones, la incertidumbre y el temor son palpables. Las universidades deben decidir si se someten a esta presión o si luchan por mantener su independencia.
