El Gobierno planea ubicar el nuevo departamento de la CNMC en Barcelona, pero enfrenta obstáculos políticos.
El Gobierno ha decidido que el nuevo departamento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), encargado de supervisar a los medios de comunicación privados, será situado en Barcelona. Esta decisión, según diversas fuentes, ya ha sido comunicada a varios socios de investidura, quienes no han manifestado inconvenientes.
Sin embargo, la concreción de este plan en forma de ley dependerá de Junts, que ha dejado claro que no aceptará un pacto con el Ejecutivo a menos que se transfieran las competencias sobre esta materia a la Generalitat. Sin la delegación correspondiente, el partido de Carles Puigdemont se niega a aprobar la norma.
Durante meses, el Ministerio para la Transformación Digital ha trabajado en la creación de la dirección general de Servicios Digitales y Medios de Comunicación. El decreto ómnibus, aprobado a finales del año pasado, contemplaba modificaciones en la ley del organismo regulador y en la de servicios de la sociedad de la información para dar vida a este nuevo departamento. Sin embargo, dicho decreto no prosperó en el Congreso, lo que obligó al Gobierno a elaborar el “anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación”, el cual se encuentra actualmente en discusión con sus aliados.
La elección de Barcelona como sede de la nueva dirección general tiene como objetivo reforzar el papel de Catalunya en el ámbito digital, dada la concentración de numerosas empresas del sector en la región, desde multinacionales hasta startups. A esta nueva delegación catalana de la CNMC se le asignarán responsabilidades adicionales, incluyendo el registro estatal de prestadores de servicios de medios de comunicación. Esta medida fue anunciada en el marco del plan de regeneración democrática que el Gobierno presentó tras una reflexión de cinco días del presidente Pedro Sánchez en abril de 2024, enfocada en combatir la desinformación y los “pseudomedios”.
Junts, al igual que en el tema de inmigración, exige al PSOE la transferencia total de las competencias inspectoras, planteando que el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) sea la autoridad responsable de ejercer dichas competencias. La propuesta de la formación catalana implica que la nueva dirección general de Barcelona cuente con personal y recursos propios, además de un traspaso competencial que le otorgue responsabilidad en la supervisión de los medios que operan en Catalunya, así como de aquellos de ámbito estatal con presencia en la región.
La propuesta de Junts también incluye que el CAC tenga competencias para aplicar la nueva normativa audiovisual europea, en particular en lo que respecta a la gestión del registro de medios. Si estas condiciones no se cumplen, el partido catalán no apoyará al Gobierno. Por su parte, el Ejecutivo ha rechazado hasta ahora el traspaso de competencias. Las negociaciones avanzan lentamente, mientras que el ministerio dirigido por Óscar López argumenta que la falta de acción podría resultar en sanciones por parte de la Comisión Europea, si no se implementa urgentemente el reglamento comunitario.
Sin embargo, el propio reglamento establece que los Estados miembros pueden designar otras autoridades para ejercer competencias inspectoras en este ámbito. Además, el proyecto de ley que defiende el Gobierno contiene un apartado que Junts ha criticado fuertemente: la facultad de que los funcionarios puedan, sin autorización judicial, inspeccionar y sancionar a prestadores de servicios con multas de hasta el 6% de su cifra de negocios por infringir la ley. Junts considera que esto equivale a un “155 digital”, y exige que se revise este artículo.
