Un reciente informe de la Guardia Civil sugiere serias irregularidades en la adjudicación de obras públicas.
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Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha sacudido el panorama político español al revelar un posible entramado de corrupción en el Ministerio de Transportes. El caso, que ha llevado a la dimisión de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, sugiere que hay intentos de manipular el sistema de evaluación de licitaciones para tener un control más férreo sobre las adjudicaciones.
En el centro de la polémica se encuentra un mensaje de WhatsApp enviado por Javier Herrero, entonces director general de Carreteras, donde se menciona la necesidad de “trabajar a los interventores y abogados del Estado”.
Detalles de la investigación y sus implicaciones
La UCO, apoyada por el Tribunal Supremo y la Fiscalía Anticorrupción, ha puesto bajo la lupa a Cerdán, Koldo García y Ábalos, sugiriendo que estos habrían manipulado los procesos de contratación. La investigación se extiende más allá de los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia, abriendo un abanico de sospechas sobre la adjudicación de obras públicas. Este escándalo se intensifica cuando se analiza el mensaje interceptado de Herrero, quien indicaba que estaban “enredando” para cambiar el sistema de evaluación de futuras licitaciones.
Las constructoras implicadas y los contratos en cuestión
Las constructoras Acciona, OPR y LIC son señaladas como las principales involucradas en esta trama corrupta. Según el informe, los implicados tenían especial cuidado en que las ofertas económicas no fueran tan bajas como para ser descalificadas, permitiendo así una sobrevaloración arbitraria que facilitara su puntuación. La UCO establece que el proceso de manipulación podría haberse llevado a cabo sin necesidad de la intervención de la mesa de contratación, basándose únicamente en la colaboración de quienes elaboraban los informes técnicos.
Mensajes que delatan la trama
Los detalles son alarmantes. En el móvil de Koldo García se encontró una nota que decía: “Si consigo obras, cuánto se me paga por conseguir y cómo se me paga”. Este tipo de mensajes y la relación cercana entre los funcionarios y las constructoras despiertan serias dudas sobre el proceder del ministerio. La UCO subraya que las comunicaciones entre García y Cerdán evidencian un alto interés por mantener a ciertos funcionarios en sus puestos, temiendo que pudieran revelar información comprometedora.
Un entramado complejo de relaciones
Las conexiones entre Cerdán, García y Herrero se vuelven cada vez más evidentes. La UCO destaca que, tras la pérdida de un concurso por parte de OPR, Herrero envió un mensaje a García indicando que estaba “apretando en Asturias”, y poco después, OPR ganó un proyecto importante en esa región. Esto plantea preguntas sobre la transparencia y la legalidad de las adjudicaciones, lo que convierte al caso en un tema de gran interés público.
Próximos pasos en la investigación
A medida que la UCO continúa su investigación, se han comenzado a analizar siete contratos de la Dirección General de Carreteras, con especial atención a aquellos que fueron adjudicados a Acciona. La situación es tensa, y las revelaciones no hacen más que aumentar la presión sobre los implicados. La Guardia Civil ha encontrado pruebas que vinculan a los mencionados con prácticas corruptas, dejando entrever que este escándalo podría extenderse aún más.
El futuro incierto de los implicados
Las implicaciones de este caso son serias. Mientras algunos ya han dimitido, otros enfrentan un futuro incierto. La UCO ha dejado claro que no se detendrán hasta esclarecer todos los vínculos y prácticas ilegales. Con cada nuevo detalle que emerge, la preocupación por la transparencia en el manejo de los fondos públicos crece, haciendo que la sociedad demande respuestas contundentes.
