Las inquietudes de Foment del Treball respecto a la regularización de migrantes son relevantes y demandan atención inmediata.
La patronal Foment del Treball ha expresado su preocupación por el reciente decreto de regularización de migrantes aprobado por el Gobierno español. Aunque considera la medida como necesaria para el funcionamiento del mercado laboral, también ha señalado la ausencia de garantías jurídicas y operativas que aseguren un proceso seguro y ordenado.
A finales de enero de, el Ejecutivo aprobó un real decreto que permitirá a cerca de medio millón de personas obtener su residencia y un permiso de trabajo en el país, comenzando a partir de abril. Esta acción marca la séptima regularización extraordinaria desde finales de la década de los ochenta, lo que pone de manifiesto la continuidad de este tipo de medidas en la política migratoria española.
Preocupaciones sobre el proceso de regularización
Foment ha indicado que la versión actual del decreto ha creado inquietud en varios sectores de la sociedad catalana. Uno de los puntos más criticados es la regulación insuficiente sobre los elementos esenciales de control y verificación. En particular, la posibilidad de acreditar la falta de antecedentes penales en el país de origen mediante una simple declaración responsable ha sido calificada como un riesgo significativo.
Además, la patronal enfatiza la importancia de considerar no solo los antecedentes penales, sino también los antecedentes policiales. Esto se debe a que puede haber situaciones en las que un individuo no tenga un juicio formal, pero sí tenga antecedentes relevantes que deberían ser evaluados durante el proceso de regularización. La falta de claridad en este aspecto podría permitir que personas con situaciones legales pendientes sean regularizadas sin la debida revisión.
La opinión de la sociedad sobre el decreto
Foment del Treball ha señalado que existe un consenso entre diversos sectores sociales sobre la necesidad de suspender el proceso de regularización hasta que se aclaren las situaciones legales de aquellos que tienen antecedentes policiales o causas pendientes con la justicia. Esta postura subraya la importancia de garantizar que el proceso de regularización no solo sea rápido, sino también justo y transparente.
Riesgos operativos del decreto
Otro aspecto alarmante que Foment ha destacado es el potencial de un efecto llamada. Esto se refiere a la posibilidad de que la regularización atraiga a un número elevado de personas que buscan beneficiarse de este proceso, lo que podría resultar en la saturación de los servicios administrativos y de las fuerzas de seguridad. Este riesgo de saturación podría complicar aún más la implementación efectiva del decreto.
La patronal ha solicitado una revisión exhaustiva del texto del decreto, sugiriendo que debe ser mucho más estricto y coherente con el Código Penal y la Ley de Extranjería. La ausencia de mecanismos sólidos y efectivos para controlar el proceso de regularización puede llevar a consecuencias desfavorables tanto para los migrantes como para el propio sistema legal español.
Un llamado a la revisión del decreto
Foment del Treball ha instado a las autoridades a considerar sus recomendaciones para asegurar que el proceso de regularización no solo cumpla con los objetivos de integración laboral, sino que también respete las normas legales y garantice la seguridad de todos los involucrados. La patronal enfatiza que un enfoque más riguroso en la redacción del decreto es fundamental para prevenir futuros problemas.
El decreto de regularización de migrantes representa un paso importante en la política migratoria de España. Sin embargo, su implementación debe ser cuidadosamente evaluada para evitar riesgos que podrían comprometer tanto la seguridad de los migrantes como la efectividad del sistema legal en el país.
