agentes de policía expresan su rechazo a la ley de multirreincidencia y apuntan a problemas estructurales del sistema judicial y penitenciario; el ministro del Interior responde defendiendo la proporcionalidad y nuevas figuras penales
La aprobación de la llamada ley de multirreincidencia ha reabierto el debate entre cuerpos policiales y el Ejecutivo. En el terreno, numerosos agentes –tanto de policía nacional como de los mossos– sostienen que la normativa no resolverá la sensación de inseguridad ni permitirá sancionar con eficacia a los delincuentes reincidentes.
Desde su perspectiva, la reforma representa más un gesto político que una herramienta operativa, porque no ataca lo que consideran los verdaderos nudos del problema: la aplicación del Código Penal y el funcionamiento del sistema penitenciario.
En las filas policiales hay un sentimiento de frustración que se repite en relatos y anécdotas.
Varios oficiales señalan que han detenido a personas con decenas de antecedentes sin que esto suponga ingreso efectivo en prisión. Para ellos, la acumulación de antecedentes no equivale necesariamente a cumplimiento de pena. Esta situación alimenta la percepción de impunidad y explica la crítica a la ley, que a juicio de los agentes, no contempla las carencias administrativas ni procesales que impiden materializar las condenas.
Críticas sobre los límites de la reforma
Los profesionales consultados critican que la ley se centra en endurecer sanciones por hurtos reiterados, pero no modifica los procedimientos que dificultan la ejecución de penas. Señalan que, aunque ahora se considere la multirreincidencia a partir de ciertos umbrales de delitos leves, existen casos habituales de personas con numerosos antecedentes por robos con violencia o intimidación que no ingresan en prisión. Para estos agentes, la norma no cambia la realidad práctica: la entrada efectiva en prisión sigue siendo, según sus palabras, la excepción más que la regla.
Las prisiones como foco del problema
Otro eje de la discusión gira en torno al sistema penitenciario. Los cuerpos policiales defienden que las cárceles actuales no cumplen las funciones básicas de disuasión ni de reinserción social. Describen centros penitenciarios donde, en su opinión, se reproducen redes delictivas y se facilita el aprendizaje de nuevas prácticas delictivas. Sostienen que la prisión, tal y como está gestionada, puede convertirse en una suerte de centro de formación para delincuentes, con actividades y entornos que no garantizan cambios reales en la conducta de los internos.
Rehabilitación vs. convivencia interna
Los agentes advierten que políticas centradas solo en endurecer penas sin revisar programas de rehabilitación, seguridad interior y control de contactos entre reclusos resultan insuficientes. Desde su punto de vista, es imprescindible garantizar que las condenas se cumplan de forma efectiva, pero también replantear medidas de tratamiento y control para evitar la replicación de conductas delictivas. En este sentido, la crítica no es únicamente punitiva: incluye un reclamo por recursos y protocolos que permitan convertir la cárcel en un ámbito de verdadera reinserción.
Defensa del gobierno y medidas adicionales
Ante las críticas, el ministro del Interior ha salido en defensa de la reforma. Según su explicación, la intención es aplicar la ley con criterios de proporcionalidad y ajustada a la gravedad de los hechos. Además, ha puntualizado que decisiones administrativas como las expulsiones de extranjeros condenados dependen de otros factores y no solo de la aplicación de la multirreincidencia. El ministro enfatiza que la norma busca ordenar criterios y evitar decisiones arbitrarias, no blindar privilegios para ningún colectivo.
Incorporación de nuevos tipos penales
Una de las novedades destacadas por el Ejecutivo es la tipificación del petaqueo, es decir, el suministro de combustible a embarcaciones rápidas usadas por redes de narcotráfico. Esta conducta pasará a penalizarse con penas de tres a cinco años de prisión, con el objetivo declarado de reducir la capacidad operativa de las organizaciones criminales en el transporte marítimo de drogas. Para el ministerio, esta medida forma parte de un paquete más amplio orientado a desarticular la logística del crimen organizado.
Pese a ello, en la calle y en los operativos la sensación no varía demasiado: muchos agentes creen que su labor diaria seguirá encontrando barreras legales y administrativas. Señalan ejemplos en los que detenidos con decenas de delitos acumulados quedaban en libertad con facilidad. Asimismo, alertan sobre redes que facilitan empadronamientos y documentación falsa, lo que, según ellos, puede permitir a ciertos reincidentes beneficiarse de procesos de regularización extraordinaria. El Gobierno, por su parte, asegura que trabaja para proteger a los funcionarios y garantizar el cumplimiento de la ley, aunque el choque de percepciones entre policiales y ejecutivo persiste.
