Pablo Bustinduy defenderá en la UE un impuesto inspirado en Gabriel Zucman que podría recaudar unos 5.200 millones en España y financiar ayudas familiares y servicios de cuidados.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, llevará a debate en foros europeos la implantación de un gravamen anual del 2% sobre patrimonios que superen los 100 millones de euros. La propuesta, basada en el diseño del economista francés Gabriel Zucman, busca generar recursos para fortalecer el estado social y financiar medidas dirigidas a la infancia y al cuidado de personas dependientes.
Según el Observatorio Fiscal de la Unión Europea, la tasa podría aportar cerca de 5.200 millones de euros anuales a las arcas españolas.
La iniciativa se presentará en el marco de reuniones europeas sobre empleo y políticas sociales, donde el ministro defenderá que un sistema fiscal más redistributivo es necesario para garantizar derechos básicos y responder al desafío del auge de posiciones políticas que cuestionan el modelo social europeo.
Bustinduy viajó recientemente a París para entrevistarse con el autor de la propuesta, lo que subraya la lógica técnica y política que sustenta la medida.
Qué propone la tasa y cuál sería su objetivo
La idea central es establecer un impuesto anual del 2% aplicado exclusivamente a patrimonios individuales que excedan los 100 millones de euros. Esta fórmula pretende ser una herramienta de redistribución que reduzca la concentración de riqueza extrema sin destruir la capacidad de inversión de quienes poseen grandes capitales. El ministro argumenta que la recaudación debe dirigirse a sostener servicios públicos y prestaciones que permitan mejorar la calidad de vida de la mayoría.
Financiación de políticas sociales
Entre los usos prioritarios que propone el Ejecutivo figura la financiación de una prestación universal por crianza que pretende combatir la pobreza infantil. El Gobierno ya aprobó medidas destinadas a apoyar a las familias, con la intención de asignar alrededor de 200 euros mensuales por hijo como ayuda directa para la crianza. La recaudación estimada con la tasa permitiría sostener este tipo de transferencias y otras políticas encaminadas a la cohesión social.
Argumentos políticos y técnicos detrás de la iniciativa
En la exposición pública de la propuesta, Bustinduy ha vinculado la medida a la necesidad de demostrar que el estado social no solo es sostenible, sino eficaz ante los retos actuales. Frente a discursos que promueven soluciones autoritarias o de aislamiento, el ministro defiende que reforzar los sistemas públicos es la respuesta más adecuada. Desde el punto de vista técnico, la propuesta toma elementos de la llamada tasa Zucman, que persigue limitar la acumulación extrema de riqueza y cerrar brechas fiscales.
Impacto estimado en España
Los estudios citados por el Ejecutivo estiman una recaudación aproximada de 5.200 millones de euros en territorio español. Esa cifra se calcula sobre la base de inventarios patrimoniales y modelos fiscales europeos que intentan medir la riqueza neta de las familias más acomodadas. El objetivo no es hacer un ajuste simbólico, sino garantizar ingresos estables y específicos para políticas sociales de impacto verificable.
Cuidado de dependientes y envejecimiento: otra prioridad
Además de la lucha contra la pobreza infantil, la propuesta incorpora la necesidad de revisar el modelo de cuidados de larga duración. El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento demográfico exigen sistemas que respeten la dignidad y la autonomía de las personas mayores. El ministro aboga por un enfoque público y centrado en prestaciones que permitan a las personas permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible.
En las sesiones europeas donde se abordarán estos temas, se evaluarán alternativas para integrar la prestación por crianza en una estrategia comunitaria contra la pobreza y para diseñar mecanismos fiscales coordinados que apoyen sistemas de cuidados robustos. La discusión incluirá enfoques fiscales, administrativos y de coordinación entre Estados miembro para evitar solapamientos y optimizar recursos.
Retos y debate público
La iniciativa no está exenta de controversia. Sus defensores la presentan como una medida de justicia fiscal que fortalece derechos; sus críticos advierten sobre posibles reacciones de grandes patrimonios y sobre desafíos de implementación, como la valoración precisa de activos y la coordinación europea para evitar la migración fiscal. El Gobierno sostiene que la propuesta se plantea a nivel comunitario precisamente para minimizar esos riesgos y aplicar normas coherentes entre países.
La iniciativa aspira a convertir la recaudación en derechos tangibles, desde la atención a la infancia hasta la protección de las personas mayores, y a colocar la cuestión fiscal en el centro del debate democrático sobre el futuro del modelo social europeo.
