la unidad de apoyo de la AEAT señala una estrategia sistemática de pagos fraccionados por parte de clientes del despacho antes dirigido por Cristóbal Montoro, con transferencias y facturas que buscan ocultar la procedencia y su relación con cambios normativos favorables

La atención de la investigación se centra en el antiguo despacho vinculado al exministro Cristóbal Montoro, ahora denunciado en una causa judicial que recoge un informe elaborado por la unidad de apoyo de la AEAT para la Fiscalía Anticorrupción. Ese documento plantea que determinadas empresas, principalmente del sector gasístico, abonaron honorarios de forma fragmentada con el objetivo aparente de disimular pagos ligados a una prima de éxito asociada a reformas legislativas que les beneficiaron.
El informe del organismo fiscal calcula que, de las gasísticas investigadas, el despacho conocido como Equipo Económico —antes denominado Montoro y Asociados— habría percibido al menos 991.000 euros, cifra que no agota la hipótesis de cobros adicionales si aparecen nuevos apuntes ocultos.
Los investigadores resaltan que los contratos intervenidos no referían explícitamente esas ‘success fees’, sino conceptos distintos como supuestas prórrogas de servicios.
Patrón de pagos y mecanizaciones detectadas
Según el peritaje, existe una fragmentación deliberada de pagos en abonos recurrentes de importes concretos —como 12.100, 18.150 o 36.300 euros— que, sumados, alcanzan cantidades sustanciales. La unidad señala bloques repetidos: más de 320 abonos de 12.100 euros que superan 300.000 euros; más de 40 abonos de 36.300 euros que suman alrededor de 1,6 millones; y más de 50 abonos de 18.150 euros que rebasan 1,9 millones. Estas repeticiones forman, para el informe, una traza bancaria coherente con una estrategia de camuflaje.
Uso de cuentas y facturación para blanquear origen
La dinámica descrita en el informe incluye la entrada de esos abonos en cuentas controladas por socios, exsocios, cónyuges y sociedades vinculadas, seguida de numerosas transferencias entre dichas cuentas. Los movimientos se acompañarían de facturas que, en la práctica, servirían para desligar los fondos de su origen primario. Posteriormente, tras consumos mínimos, gran parte del dinero habría sido transferido hacia cuentas de terceros difíciles de rastrear.
Vinculación con avances legislativos y contratos
La AEAT subraya otro elemento clave: la sincronía temporal entre los pagos y los progresos en la supuesta modificación normativa que beneficiaba a las empresas pagadoras. El informe plantea que las entregas de dinero se producían a medida que se iban produciendo decisiones administrativas y reformas de textos legales que permitieron conseguir ventajas fiscales a favor de esas empresas. En ese contexto, los investigadores interpretan que los pagos anticipados reflejaban la confianza en la consecución del objetivo político-administrativo.
Contratos sin mención explícita de primas de éxito
Los documentos intervenidos muestran que los acuerdos comerciales no explicitaban las llamadas success fees. En su lugar, figuraban cláusulas que hablaban de prolongaciones de servicios u otros conceptos menos comprometidos. Para la unidad de apoyo, esta ausencia expresa en los contratos forma parte del mecanismo para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos y justificar ante terceros los movimientos bancarios.
El inspector responsable del informe sugiere que el método detectado en las gasísticas podría constituir un patrón de conducta aplicable a otros clientes. Por ello propone extender las pesquisas a más empresas, especialmente a aquellas que pagaron por prestaciones que, en teoría, podrían haber realizado internamente. El análisis conjunto de todas las cuentas y pagadores, promete el informe, permitirá afinar la cuantificación y separar las distorsiones y mezclas que hoy dificultan la completa trazabilidad.
En contraste con las conclusiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la unidad de apoyo de la AEAT considera que los pagos fueron troceados deliberadamente para ocultar su origen y finalidad. La investigación seguirá examinando transferencias, justificantes y correlaciones temporales entre abonos y decisiones administrativas para determinar si existió una operación coordinada de cobro por cambios normativos.
Mientras tanto, los indicios recogidos por la Fiscalía Anticorrupción y la AEAT abren la vía a posibles ampliaciones de la causa y a la identificación de nuevos pagadores y beneficiarios, con el objetivo de esclarecer si la actuación del despacho constituyó una conducta sistemática para monetizar su influencia en el ámbito público.
