el Tribunal Superior del Reino Unido estimó que la proscripción de Palestine Action fue ilegal y desproporcionada; sin embargo, la medida seguirá en vigor mientras el gobierno prepara su apelación
El 13 de febrero de 2026 el Tribunal Superior de Inglaterra emitió una sentencia clave sobre la proscripción del movimiento de acción directa Palestine Action. En una resolución que mezcla críticas al uso de la ley y cautela procesal, los tres jueces encargados concluyeron que la decisión del Ejecutivo fue desproporcionada, aunque la prohibición continuará en vigor de manera temporal mientras el gobierno interpone recurso.
La audiencia se centró en si la calificación de la agrupación como organización terrorista se ajustaba a los requisitos de nivel, escala y persistencia exigidos por la normativa. Los magistrados consideraron que, en conjunto, la naturaleza y la escala de las actividades de Palestine Action no alcanzaban ese umbral y que la medida supuso una interferencia significativa en derechos fundamentales.
La decisión judicial y sus fundamentos
Los jueces Victoria Sharp, Jonathan Swift y Karen Steyn explicaron en la sentencia que, aunque algunas acciones aisladas del grupo podían integrar delitos calificados como terrorismo, la proscripción completa resultaba excesiva. El tribunal señaló que la medida produjo una interferencia sustancial con la libertad de expresión y de reunión, y la calificó de desproporcionada para el fin perseguido.
Qué actos y pruebas se evaluaron
Durante la revisión se examinaron incidentes previos atribuidos a Palestine Action, como la entrada a una base de la Royal Air Force y las incursiones en instalaciones vinculadas a fabricantes de material bélico. El gobierno alegó daños millonarios y riesgos para la seguridad nacional; en respuesta, el tribunal sostuvo que el Derecho penal ordinario ya ofrecía herramientas para procesar los actos delictivos aislados sin necesidad de una proscripción generalizada.
Consecuencias prácticas: detenciones, cargos y libertad de protesta
Tras la prohibición dictada en julio de 2026, las autoridades han detenido a miles de personas que se solidarizaron públicamente con la agrupación. Informes citan más de 2.700 arrestos por portar carteles o participar en vigilias, y alrededor de 250 procesamientos bajo el Terrorism Act. Organizaciones civiles sostienen que muchas detenciones afectaron a personas que ejercían derechos de manifestación y expresión pacífica.
Reacciones de activistas y organizaciones de derechos
Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, calificó la resolución como una victoria monumental por las libertades fundamentales y para la causa palestina. Del mismo modo, Human Rights Watch en el Reino Unido describió el fallo como un refuerzo de la democracia británica frente a lo que consideró un uso indebido de la legislación antiterrorista para silenciar críticas legítimas.
Respuesta del gobierno y pasos legales futuros
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, manifestó su decepción y anunció la intención de recurrir la decisión ante la Corte de Apelación. El Ejecutivo defiende que la proscripción se basó en un proceso riguroso y en evidencias que muestran que algunas acciones del grupo no son compatibles con los valores democráticos y el Estado de derecho.
Los jueces, aun reconociendo que «un número muy reducido» de acciones pudo constituir terrorismo, decidieron no anular la prohibición de forma inmediata. Establecieron una vista posterior para determinar si la proscripción debe mantenerse mientras se exploran las vías de apelación; las partes tuvieron plazo hasta el 20 de febrero para preparar ese trámite, según la programación judicial.
Impronta policial y consecuencias para los procesados
La Metropolitan Police anunció que, tras el fallo, no arrestará a personas por expresar apoyo a Palestine Action pero continuará recopilando pruebas que puedan servir para futuros procesos. La persistencia de la prohibición significa que cientos o miles de arrestos y cargos previos siguen bajo revisión y pueden generar reclamaciones por detenciones indebidas.
Organizaciones como Defend our Juries han sostenido que las casi 2.787 detenciones vinculadas a la proscripción deberían considerarse ahora ilegales, y han reclamado la revisión de casos que incluyen acusaciones sobre intervenciones en reuniones y participación en llamadas en línea.
En síntesis, la sentencia del Tribunal Superior combina una crítica al alcance de la política antiterrorista aplicada por el gobierno con una cautela procesal que deja la puerta abierta a un recurso. El litigio pone sobre la mesa preguntas sobre el equilibrio entre seguridad, castigo por daños materiales y protección de las libertades civiles en un contexto político polarizado, mientras que el calendario judicial determinará los efectos prácticos inmediatos de este fallo.
