Junts vota en contra de la iniciativa de Vox sobre el burka y el niqab, registra una propuesta similar sin referencias religiosas y reactiva el debate sobre competencias y seguridad
El debate sobre la regulación del uso del rostro cubierto en espacios públicos se volvió a situar en el centro del Pleno del Congreso el 17 de febrero de cuando la proposición de ley impulsada por Vox no logró salir adelante.
Aunque el texto contó con el respaldo público del Partido Popular y de algunos socios regionales, la suma de votos contrarios de la izquierda y el bloqueo inesperado de Junts impidieron su tramitación.
La discusión no solo giró en torno al contenido normativo, sino también a la intención política que distintos grupos atribuyen a la iniciativa.
Unos argumentaron que se trataba de una medida para garantizar la seguridad y la igualdad de las mujeres; otros calificaron la propuesta de xenófoba y discriminatoria, y defendieron soluciones más mesuradas en el marco de la jurisprudencia europea.
Qué proponía Vox y por qué generó rechazo
La iniciativa de Vox pretendía prohibir en el espacio público, y en determinados espacios privados de uso público, el uso del burka y el niqab. El texto justificaba la medida en términos de protección de la identidad de la mujer y denunciaba lo que su grupo entiende como sometimiento. Además, contemplaba sanciones severas: penas de prisión para quienes impusieran su uso y la expulsión de inmigrantes en caso de infracciones graves.
Críticas de fondo sobre el contenido y la redacción
Amplios sectores rechazaron la iniciativa por considerar que mezcla seguridad con ataques a la inmigración y por su redacción, que a juicio de muchos podría vulnerar derechos y generar un efecto contraproducente sobre las propias mujeres a las que dice proteger. Voces del PSOE, Sumar, Podemos y fuerzas nacionalistas denunciaron un trasfondo identitario y apuntaron que el ordenamiento español y la jurisprudencia europea ya ofrecen herramientas para identificar a personas cuando sea necesario.
La jugada de Junts: ni Vox ni impunidad
En una maniobra que sorprendió a más de uno, Junts anunció su voto en contra de la propuesta de Vox y, al mismo tiempo, registró en el Congreso un texto propio que limita el veto al rostro cubierto sin hacer alusión expresa a confesiones religiosas. La formación independentista defendió que ese matiz facilitaría que la norma superase controles judiciales europeos y evitase señalar a colectivos concretos.
Transferencias y competencias añadidas
El proyecto de Junts incluye además una disposición adicional que plantea el traspaso de determinadas competencias a la Generalitat relacionadas con seguridad e identificación de personas: investigación de delitos, funciones en puertos y aeropuertos, control de fronteras para expulsiones y la emisión de documentos de identidad. Ese punto reforzó las críticas de quienes vieron en la iniciativa una estrategia política para ampliar el autogobierno catalán.
Reacciones parlamentarias y el clima político
Desde el PP, la defensa del veto al velo integral se articuló como una cuestión de libertad y visibilidad de la mujer. La portavoz popular presentó el uso del burka como la «institucionalización de la invisibilidad femenina» y reclamó medidas firmes. El apoyo del PP a la iniciativa de Vox fue interpretado por sectores de la izquierda como un gesto de acercamiento ideológico entre ambos partidos.
En contraste, la mayoría de la izquierda y las formaciones nacionalistas coincidieron en describir la propuesta de Vox como racista y contraria a un enfoque de derechos. El PSOE advirtió de que modificar varias leyes para resolver lo que, según ellos, ya resuelve el marco legal vigente sería desproporcionado. Varios portavoces señalaron ejemplos europeos, resaltando que prohibiciones rígidas pueden provocar exclusión social y revictimización.
Propuesta de diálogo y subcomisión
Ante la polarización, partidos como el PSOE y el PNV plantearon la creación de una subcomisión que aborde la cuestión con calma, desde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el respeto a derechos fundamentales. La propuesta busca separar el debate técnico-legal de la retórica política y explorar soluciones proporcionadas que no criminalicen ni excluyan.
La iniciativa original de Vox no prosperó, pero la entrada en escena de la propuesta de Junts mantiene abierto el debate sobre cómo conciliar seguridad, libertad religiosa y derechos individuales en España.
