El ministro Grande-Marlaska asegura que la querella contra el ex DAO José Ángel González no llegó al conocimiento del ministerio hasta su admisión; Interior indaga si hubo coacciones por parte del comisario Óscar San Juan y la oposición exige dimisiones
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado en el Congreso que ignoraba la existencia de la querella presentada contra el que fue director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, hasta el momento en que el juzgado la admitió.
El relevo y la dimisión de González se produjeron tras la citación judicial, y desde el Ministerio se ha activado una investigación interna para esclarecer si hubo conocimiento previo o presiones dentro del Cuerpo.
La denuncia, formulada por una inspectora de la Policía Nacional, incluye acusaciones de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.
Según consta en la querella, los hechos se remontan al 23 de abril de 2026, fecha que la denunciante sitúa como el día de la presunta agresión en una vivienda oficial del Ministerio del Interior.
Reacción del Gobierno y del presidente
Desde Nueva Delhi, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la actuación del Ejecutivo y aseguró que la querella no fue conocida por el Gabinete hasta su admisión por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. Sánchez afirmó que se actuó con contundencia, coherencia y empatía hacia la víctima y subrayó que se exigió la renuncia del mando policial en cuanto la información llegó al Ministerio.
Mensaje desde el Ejecutivo
El presidente calificó las acusaciones como muy graves y retó a la oposición a aplicar la misma cautela si creen en el relato de la denunciante. Paralelamente, en el hemiciclo, Marlaska aseguró que de haber tenido conocimiento habría pedido la destitución inmediata del aludido, y anunció que la Policía está analizando si el comisario Óscar San Juan, considerado mano derecha del DAO, conocía o participó en una campaña de presión contra la víctima.
Presunta campaña de acoso y coacciones
La querella atribuye a González una conducta de acoso tras una relación afectiva con la denunciante y acusa al ex DAO de una penetración sin consentimiento y de proferir expresiones intimidatorias. Según recoge la denuncia, la noche del 23 de abril el entonces DAO realizó numerosas llamadas y envió mensajes que la denunciante interpreta como parte de una estrategia de hostigamiento.
El papel atribuido a otro comisario
El relato judicial también apunta a la actuación del comisario Óscar San Juan, quien, según la denunciante, le ofreció un destino laboral a cambio de no formalizar la denuncia. La querella documenta llamadas y mensajes y la denunciante dice disponer de un audio que, según su versión, prueba esa oferta y constituye una prueba documental fundamental que aportará al juzgado cuando proceda el cotejo.
Presión política y respuesta del PP
La oposición, liderada por el Partido Popular, ha reclamado la dimisión inmediata de Marlaska y ha acusado al Gobierno de encubrimiento. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha publicado mensajes en redes sociales en los que afirma que el Ejecutivo habría protegido al dirigente policial hasta que el caso salió a la luz y exige responsabilidades políticas.
En el Congreso, portavoces del PP describieron la permanencia del ministro en su escaño como inadmisible y pidieron explicaciones claras. Frente a estas críticas, miembros del Ejecutivo, como las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, defendieron la gestión de Marlaska y recordaron otras situaciones en las que la oposición mantuvo cargos pese a denuncias.
Investigación interna y pasos judiciales
Interior ha confirmado la apertura de una investigación interna para determinar si existieron presiones en el seno de la Policía y si el comisario San Juan conocía los hechos que denuncia la inspectora. Además, el Juzgado ha citado a declarar tanto a la denunciante como al investigado para el 17 de marzo, en el procedimiento que instruye la causa.
Marlaska ha advertido que acudirá a los tribunales contra quienes le acusen de encubrir los hechos y ha reiterado que solo dimitirá si la víctima considera que no fue protegida por su equipo, subrayando su deseo de salvaguardar el prestigio del Cuerpo sin prejuzgar el resultado judicial.
El caso continúa abierto y ha abierto una crisis política que combina exigencias de transparencia institucional, el acceso a la justicia para la denunciante y el escrutinio público sobre cómo se gestionan en el seno del Estado las acusaciones de violencia sexual contra altos mandos policiales.
