Sánchez defiende la actuación del Gobierno ante las acusaciones al ex DAO José Ángel González y reclama al PP que trate con la misma contundencia la querella contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista
Desde Nueva Delhi, en la rueda de prensa del 18/02/2026, el presidente Pedro Sánchez volvió a poner de manifiesto la línea que, según él, ha seguido el Ejecutivo frente a denuncias de acoso sexual: apoyo a la víctima, retirada de responsabilidades y exigencia de investigación completa.
En ese contexto, Sánchez aludió al caso del hasta entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, y reclamó al Partido Popular la misma coherencia al tratar una querella presentada contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.
El mensaje presidencial combinó la defensa de la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el Gobierno describe como contundente y empática con la víctima, con un reproche directo al PP por reclamar dimisiones en el ámbito estatal mientras, a juicio de Sánchez, no actúa igual en su propio espacio territorial.
La respuesta del Gobierno y el caso del ex DAO
Según explicó el presidente, ante las acusaciones contra José Ángel González el Ejecutivo se posicionó de inmediato con la víctima, lo que motivó la retirada de responsabilidades del ahora ex DAO. Sánchez defendió la investigación hasta el final y subrayó la necesidad de que cualquier presunto delito sea esclarecido «con todas las consecuencias». Con estas palabras, el Ejecutivo pretende dar relevancia a la prioridad institucional de proteger a las personas afectadas y garantizar procedimientos internos y judiciales imparciales.
Crítica al PP por el trato diferenciado
El presidente aprovechó la comparecencia para emplazar al Partido Popular a no dar lecciones cuando, en su opinión, algunos dirigentes de esa formación exculpan a quienes son señalados por agresiones. En concreto, se refirió a la reclamación de la formación conservadora para que dimita el ministro del Interior, al que acusan de haber conocido y protegido el supuesto delito en la Policía. Sánchez exigió transparencia y coherencia: si se cree en el testimonio de una víctima en un caso, hay que creerlo también cuando la víctima está afectada por personas vinculadas al propio partido.
La querella contra el alcalde de Móstoles y las actuaciones del PP regional
En paralelo a la controversia en el ámbito policial, una exconcejala del PP en Móstoles presentó una querella contra el alcalde Manuel Bautista por hechos que, según su relato, ocurrieron en 2026. La denuncia se dirigió tanto contra el regidor como contra el Partido Popular como persona jurídica, y enumera varios delitos presuntamente cometidos: acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.
Reclamaciones y omisiones internas
El proceso descrito por la defensa de la denunciante apunta a una cadena de reuniones con dirigentes del PP de Madrid —incluidos el secretario general autonómico Alfonso Serrano y la responsable de Organización Ana Millán— sin que se activaran protocolos de protección ni se abrieran expedientes. La exconcejala acudió asimismo a la dirección nacional después de no hallar respuesta satisfactoria en la regional; sin embargo, la investigación interna se cerró sin entrevistarla en persona, según la denuncia. La ausencia de mecanismos eficaces y la respuesta institucional insuficiente son el eje de la querella, que alega revictimización por omisión.
Implicaciones políticas y pasos procesales
El escrito presentado ante los juzgados solicita la declaración de varios testigos, entre ellos altos cargos del PP de Madrid y, según informaciones periodísticas, incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La estrategia judicial busca acreditar tanto la petición de favores de naturaleza sexual que se atribuye al alcalde como un patrón de hostigamiento sistemático tras el rechazo de la víctima.
Además, la situación ha provocado movimientos en el ayuntamiento: se ha conocido la dimisión de una persona de confianza de la denunciante en el Consistorio, quien justificó su salida por coherencia con los hechos hechos públicos. Fuentes del despacho que lleva la querella sostienen que existe un «nutrido soporte probatorio» y que la vía penal ha sido la última alternativa tras el fracaso de los mecanismos internos.
El desafío de la coherencia política
El cruce político queda resumido en la petición de Sánchez: que quien exige responsabilidades en un ámbito no se niegue a aplicarlas en el propio. Para el presidente, la empatía, la coherencia y la contundencia deben regir tanto la actuación del Ejecutivo frente a denuncias internas como la del PP ante acusaciones dirigidas a sus afiliados o cargos públicos. Mientras tanto, la investigación judicial y las actuaciones internas pendientes deberán esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
El caso combina elementos judiciales y de gestión partidaria y plantea preguntas sobre la implementación efectiva de protocolos contra el acoso en organizaciones políticas y administraciones públicas. La exigencia de Sánchez es clara: no pedir rigor a otros sin aplicarlo en casa.
