El Boletín Oficial del Estado ha hecho efectivo el cese de José Ángel González como director adjunto operativo; la decisión, firmada por Fernando Grande-Marlaska, se produce tras la admisión a trámite de una querella por supuesta agresión sexual y la petición de protección para la denunciante
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó de forma extraordinaria la orden que dispone el cese del comisario principal José Ángel González Jiménez como director adjunto operativo (DAO) de la Dirección General de la Policía. La medida figura en la Orden INT/106/, de 18 de febrero, y aparece con la firma del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El cese se ha adoptado después de que un juez admitiera a trámite la querella presentada por una subordinada y la citación de González como acusado para comparecer el 17 de marzo.
Según las fuentes oficiales, el ex titular del puesto presentó su renuncia antes de la publicación en el BOE; en sus declaraciones públicas señaló que abandonó el cargo “automáticamente” al conocer la denuncia para preservar el nombre del cuerpo y para poder defenderse en las condiciones que estime oportunas.
La orden ministerial ampara el relevo y se apoya en las atribuciones que confiere la normativa sobre personal de la Policía Nacional.
Contexto jurídico y administrativo
La resolución administrativa invoca los artículos pertinentes de la Ley Orgánica 9/, de 28 de julio, de régimen de personal de la Policía Nacional, y se toma a propuesta del director general de la Policía y con el informe de la Secretaría de Estado de Seguridad. La publicación en el BOE es el acto formal que hace público y ejecutable el cese: una vez inscrita la orden, deja de tener efectos la designación previa del comisario como número dos operativo.
Implicaciones formales
En términos administrativos, la publicación permite activar los mecanismos de suplencia previstos en la estructura orgánica del cuerpo. El artículo invocado en la orden establece que, ante vacante, ausencia o enfermedad del titular de la Dirección Adjunta Operativa, corresponde la suplencia a los responsables de la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación, la Subdirección General de Logística e Innovación y el Gabinete Técnico, en el orden que la normativa determina.
Sustitución provisional y medidas de protección
Tras la publicación, la subdirectora general de Recursos Humanos y Formación, Gemma Barroso, asumió de forma interina las funciones del DAO, tal como establece la regulación interna. La toma de posesión temporal de Barroso equivale a una cobertura operativa inmediata para mantener la continuidad de la acción policial y la gestión de los servicios centrales y territoriales dependientes del DAO.
Atención a la denunciante
El Ministerio del Interior informó asimismo de que la subdirectora interina contactó con la mujer que presentó la querella para ofrecerle medidas de protección. La víctima ha aceptado esa oferta de protección policial, una decisión comunicada por la propia Administración. Los representantes legales de la denunciante habían reclamado explícitamente que se adoptaran medidas encaminadas a garantizar su seguridad y evitar cualquier tipo de presión o revictimización.
Reacciones y próximos pasos
La renuncia y el cese administrativo han suscitado reacciones en distintos ámbitos políticos y mediáticos. Desde el entorno del Ministerio se ha defendido que la publicación en el BOE responde a la necesidad de actuar conforme a la normativa y preservar la credibilidad institucional. Por su parte, la citación judicial del acusado el 17 de marzo marca el calendario procesal que ahora regirá el procedimiento penal, mientras que la investigación judicial continuará con las diligencias que corresponda practicar.
El caso plantea cuestiones sobre la gestión interna de los cuerpos y la respuesta institucional ante denuncias de violencia sexual en el seno de las fuerzas públicas. Al mismo tiempo, la adopción de medidas de protección para la víctima y la sustitución provisional del cargo son pasos inmediatos que el Ministerio ha aplicado para dar respuesta a las necesidades operativas y de seguridad hasta que la vía judicial determine responsabilidades.
