La decisión del Comité Ejecutivo Nacional de relevar a Ortega Smith en favor de Arantxa Cabello terminó en un choque abierto que ha llevado a la expulsión cautelar y a una crisis interna en el grupo municipal de Vox en Madrid
El enfrentamiento entre Javier Ortega Smith y la dirección de Vox ha escalado hasta una medida drástica: la formación ha acordado una expulsión provisional tras interpretar su negativa a dejar la portavocía del Ayuntamiento de Madrid como un acto de desobediencia disciplinaria.
El relevo, aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional, designó a Arantxa Cabello como nueva portavoz municipal, pero Ortega Smith se negó a ceder el cargo y mantuvo su firma y atribuciones en el consistorio.
El choque se produce en un contexto de pérdida de espacios internos para Ortega Smith: en fechas recientes había sido apartado de varias responsabilidades orgánicas y parlamentarias, lo que alimentó tensiones con la cúpula, encabezada por Santiago Abascal.
La medida adoptada por la dirección es cautelar y abre un período para que el afectado presente alegaciones antes de una resolución definitiva.
Origen del conflicto
El conflicto tiene su raíz en la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de relevar a Ortega Smith en la portavocía del Ayuntamiento de Madrid, acuerdo que contó con respaldo unánime. Sin embargo, la respuesta del todavía concejal fue desafiar públicamente ese mandato: impugnó la convocatoria realizada por la nueva portavoz y continuó actuando como si conservara las competencias otorgadas a la portavocía. Para la dirección, esa actitud supuso una ruptura de la disciplina interna y por eso se activó el procedimiento sancionador.
Medida cautelar y procedimiento disciplinario
La expulsión adoptada por Vox es de carácter provisional y persigue evitar «nuevas resoluciones contrarias al partido» y preservar el funcionamiento del grupo municipal. Mientras dure el expediente, Ortega Smith conserva su acta como diputado en el Congreso, aunque ya se le ha relegado a un puesto menos visible en el hemiciclo. La normativa interna del partido contempla este tipo de suspensiones antes de una resolución definitiva, otorgando al expulsado la posibilidad de presentar alegaciones en un plazo fijado por los órganos competentes.
Consecuencias inmediatas
En el plano municipal, la tensión provocó que varios miembros del grupo optaran por distanciarse del ex portavoz y respaldar la nueva dirección designada desde la sede nacional. Según fuentes internas, la incertidumbre sobre quién ejerce la representación oficial del grupo complicó la coordinación y llevó a la dirección a tomar medidas preventivas para evitar una crisis que pudiera descarrilar la actividad del Ayuntamiento.
Antecedentes y pérdida de influencia
La expulsión cautelar no surge de la nada: en las semanas anteriores Ortega Smith había visto cómo se le retiraban responsabilidades clave en el Parlamento y en órganos internos. El 6 de febrero criticó de forma pública la democracia interna de la formación, calificándola de mejorable, tras perder puestos como la portavocía adjunta en la Cámara Baja y la portavocía en la Comisión de Justicia, además de quedarse fuera de la Ejecutiva de Vox. Esa acumulación de ceses situó su único papel relevante en la portavocía municipal, que ahora también le ha sido retirada.
Relación con la dirección nacional
El pulso entre Ortega Smith y la dirección, y especialmente con Santiago Abascal, llevaba tiempo latente. Fuentes consultadas describen un distanciamiento creciente: Ortega Smith ha denunciado que las decisiones le llegan a través de emisarios en lugar de comunicárselas directamente, y a su vez la cúpula habría perdido confianza en su alineamiento con la estrategia del partido. Ese desgaste explica en parte la decisión de sustituirle por una figura considerada más afín a la renovación del grupo.
Implicaciones para Vox y el grupo municipal
La crisis pone en evidencia disputas internas que pueden afectar la imagen pública de Vox en Madrid. Para la dirección, imponer la sustitución y activar el expediente era necesario para reafirmar la autoridad del CEN y evitar contagios de desobediencia. Para los orteguistas, la sanción puede consolidar la percepción de una purga interna contra quienes reivindican el legado fundacional del partido.
En lo inmediato, la resolución cautelar busca restaurar la estabilidad del grupo municipal y garantizar la normalidad en la representación institucional. El proceso disciplinario marcará los próximos pasos: si se confirman las acusaciones de desobediencia, Ortega Smith podría ser expulsado definitivamente; si sus alegaciones prosperan, la dirección tendría que recalibrar su respuesta. Mientras tanto, la disputa deja en relieve las tensiones generacionales y estratégicas que atraviesan a la formación.
