La ministra de Defensa, Margarita Robles, califica como «asco» la presunta agresión del exDAO José Ángel González y reclama una revisión de los protocolos públicos para proteger y animar a las víctimas a denunciar
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha manifestado públicamente su rechazo ante la acusación que pesa sobre el ex director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González. En declaraciones ante la prensa, Robles ha calificado el comportamiento denunciado como motivo de repulsa y ha expresado sentimientos de vergüenza y conmoción.
Además, ha aprovechado para subrayar la necesidad de revisar los mecanismos internos de protección y denuncia dentro de la Administración Pública, con el objetivo de que las víctimas se sientan más respaldadas y capaces de presentar denuncias sin reparos.
La reacción de la ministra se enmarca en un contexto de inquietud institucional tras la renuncia del citado exmandatario policial, y en paralelo a la convocatoria de mandos de la Policía por parte del director general, Francisco Pardo Piqueras.
Robles ha insistido en que, además de la investigación judicial, corresponde a las administraciones evaluar sus protocolos y procedimientos de asistencia a las víctimas para garantizar respuestas rápidas y eficaces.
Reacción política y reflexiones sobre los protocolos
Robles ha pedido una actitud crítica y constructiva para revisar el funcionamiento de los protocolos de actuación frente a agresiones dentro del ámbito público. Ha señalado que es imprescindible que los procesos sean ágiles y que ofrezcan un acompañamiento real a quienes denuncian. En su intervención se ha referido a la necesidad de autocrítica por parte de las instituciones: si las personas agredidas se sienten desprotegidas, existe un fallo en el sistema público. La ministra ha defendido que no deben existir barreras administrativas ni culturales que desincentiven la denuncia.
Apoyo institucional y medidas propuestas
Entre las ideas que ha planteado figura la revisión de los canales de atención, la capacitación en perspectiva de género del personal que gestiona denuncias y la mejora de los recursos de apoyo psicológico y jurídico. Robles ha defendido que estas reformas deben orientarse a que la víctima perciba un acompañamiento integral, desde el primer contacto hasta el esclarecimiento judicial. Ha subrayado la importancia de que las administraciones actúen con prontitud y transparencia, elementos que considera esenciales para restaurar la confianza ciudadana.
Dimensiones institucionales del caso policial
La crisis abierta en la cúpula policial, motivada por la dimisión del exDAO, ha provocado reacciones en distintos niveles del Gobierno. El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, convocó a todos los mandos para abordar las consecuencias internas y estudiar el relevo en la segunda dirección del cuerpo. Fuentes internas describen un clima de sorpresa y consternación, y reconocen que el episodio dejará una huella difícil de borrar en la institución. En paralelo, el ministro del Interior ha mostrado su voluntad de actuar con contundencia ante los hechos.
Responsabilidad y celeridad judicial
Robles ha pedido de forma explícita que la Justicia actúe con rapidez para depurar responsabilidades penales, y ha reclamado que el proceso judicial sea un instrumento para garantizar derechos y proteger a la presunta víctima. Al mismo tiempo, ha evitado entrar en valoraciones personales sobre decisiones de nombramiento previas, aunque sí criticó el uso político que algunos pueden hacer de estos asuntos. Su prioridad declarada es la claridad en las responsabilidades y la mejora de los mecanismos de atención.
Implicaciones para la cultura institucional
Más allá del caso concreto, la ministra ha planteado que esta situación obliga a una reflexión más amplia sobre la cultura interna de las instituciones públicas. Ha pedido que se impulse una política de tolerancia cero frente a conductas que vulneren la integridad de las personas, y que se promuevan medidas que fomenten la denuncia y el apoyo efectivo. Robles ha insistido en que el objetivo debe ser que ninguna mujer se sienta desprotegida por denunciar.
La convulsión en la Policía y las reacciones en el Ejecutivo han situado el debate sobre responsabilidades y mecanismos de protección en el centro de la agenda, con la intención declarada de extraer lecciones y fortalecer las vías de apoyo a las víctimas.
