El Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbó los aranceles generales anunciados el 2 de abril de 2026; la decisión afecta a gravámenes sobre China, Canadá y México y no alcanza tasas específicas como las del acero o el aluminio. Trump anunció un nuevo arancel del 10% en respuesta.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre las tasas impuestas por la Administración de Donald Trump marca un punto de inflexión en una guerra comercial que estalló con fuerza desde febrero de 2026. Tras meses de imposición de gravámenes, respuestas internacionales y disputas judiciales, la sala declaró inconstitucionales los llamados aranceles recíprocos promulgados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional el 2 de abril de 2026.
A continuación se ofrece un repaso organizado de los hitos clave, las consecuencias legales y la respuesta política.
Es importante subrayar que la sentencia del Supremo alcanza a los gravámenes generalizados anunciados en ese «Día de la Liberación», pero no afecta a medidas concretas aplicadas anteriormente, como las tasas sobre acero, aluminio o determinados aranceles sobre la automoción.
La resolución también plantea la perspectiva de devoluciones a importadores y empresas que pagaron impuestos considerados inconstitucionales.
Origen y cronología de las medidas
El movimiento arancelario arrancó en febrero de 2026. El 1 de febrero el presidente firmó órdenes ejecutivas con la promesa de imponer un 25% a bienes de México y Canadá y un 10% a las importaciones chinas. El 3 de febrero entraron en vigor los aranceles del 10% a China, mientras que los gravámenes a México y Canadá se retrasaron un mes. El 4 de febrero Pekín respondió con subidas arancelarias del 10% al 15% a ciertos productos estadounidenses.
El pulso continuó: el 10 de febrero llegaron órdenes sobre aluminio y acero al 25%, y el 13 de febrero se firmó un memorando para imponer aranceles a países que gravan productos estadounidenses, con la Unión Europea entre los afectados. El 4 de marzo se aplicaron finalmente los gravámenes del 25% a México y Canadá y una subida al 10% sobre China. A partir del 12 de marzo se consolidaron las tasas del 25% al acero y al aluminio, y varias contramedidas por parte de la UE y Canadá fueron valoradas en decenas de miles de millones de euros.
Escalada global y medidas posteriores
El conflicto internacional escaló rápidamente. El 2 de abril de 2026, durante el denominado «Día de la Liberación», Trump anunció un arancel universal del 10% y recargos puntuales, entre ellos un 34% a China y un 20% a la UE. Las bolsas reaccionaron con caídas y China elevó ciertos gravámenes hasta el 84% el 9 de abril, tras lo cual EE. UU. ofreció una tregua parcial de 90 días y modificó tasas sobre China al 145% en otra fase de la disputa.
Paralelamente, se adoptaron medidas específicas: el 26 de marzo se anunciaron aranceles del 25% a vehículos no fabricados en EEUU; en junio, tasas al 50% sobre acero y aluminio; y más adelante, cargas del 50% a Brasil y la India, y del 100% a semiconductores y medicamentos, entre otras sanciones que alimentaron la tensión diplomática y comercial.
Negociaciones y acciones judiciales
El intento de buscar salidas incluyó conversaciones bilaterales: el 10 de mayo comenzaron en Ginebra negociaciones con China. Judicialmente, el 29 de mayo un tribunal federal paralizó y declaró ilegales la mayoría de los aranceles. Esa decisión fue temporalmente suspendida por una corte de apelaciones. Finalmente, el 20 de febrero de 2026 el Tribunal Supremo dictó que los gravámenes generales formulados el 2 de abril de 2026 vulneraban la separación de poderes, al exceder la autoridad ejecutiva sin la aprobación del Congreso.
Impacto económico y respuestas políticas
La sentencia abre dos frentes: uno jurídico-administrativo y otro económico. Por un lado, la corte advierte la posibilidad de que los importadores que abonaron gravámenes puedan reclamar devoluciones; estimaciones del Penn-Wharton Budget Model situaron potenciales reembolsos en torno a 175.000 millones de dólares, aunque el fallo no especifica el mecanismo para ejecutar dichas devoluciones ni su alcance preciso.
Por otro lado, la respuesta política fue inmediata. Donald Trump calificó la resolución de «desgracia» y, pese al fallo, anunció la firma de un gravamen global del 10% que pretende aplicar como alternativa. La Administración sostiene que dispone de «alternativas muy poderosas», lo que anticipa nuevas rondas de litigio y la posibilidad de recursos que mantengan la disputa viva.
¿Qué queda en pie y qué queda anulado?
La sentencia del Supremo afecta a los aranceles aprobados mediante la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y anunciados el 2 de abril de 2026. No quedan alcanzadas por la resolución otras tasas específicas, como las aplicadas al acero, aluminio o algunos gravámenes industriales y sanitarios, que siguen sujetos a procedimientos distintos y pueden continuar vigentes mientras la batalla legal se desarrolla.
