La Comisión Europea reclama a Washington que explique con precisión la base legal y la duración de los nuevos aranceles y advierte sobre el riesgo para el acuerdo alcanzado con EE.UU. en 2026
La reacción de Bruselas fue rápida y firme tras el anuncio del presidente estadounidense: Donald Trump anunció un arancel global del 15% después de que el Tribunal Supremo tumbara la base jurídica de sus gravámenes previos. La Comisión Europea ha pedido a Estados Unidos que informe con total claridad sobre los próximos pasos, subrayando la necesidad de certidumbre legal y comercial.
Los hechos jurídicos son concretos: el alto tribunal dejó sin efecto los aranceles originales que se sustentaban en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), y la Casa Blanca respondió proclamando nuevas tasas bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.
Esa norma autoriza al presidente a imponer gravámenes de hasta el 15% por un periodo inicial de 150 días, y cualquier prórroga posterior requeriría la aprobación del Congreso de Estados Unidos.
Las dudas de la UE sobre la compatibilidad con el acuerdo
En su comunicado, la Comisión expresa que la situación actual no favorece un comercio transatlántico «justo, equilibrado y mutuamente beneficioso», tal como se recogió en la Declaración Conjunta UE-EE.UU. de agosto de 2026. Bruselas recuerda que «un trato es un trato» y pide a Washington que cumpla los compromisos acordados, del mismo modo que la Unión Europea mantiene los suyos.
La principal preocupación comunitaria es que medidas arancelarias aplicadas de forma impredecible desestabilizan mercados, erosionan la confianza y generan incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales. Esa falta de previsibilidad puede afectar inversiones y flujos comerciales entre socios que en teoría buscan cooperación reforzada.
Diálogo entre responsables y tensión parlamentaria
Tras el anuncio, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, inició conversaciones con representantes estadounidenses para recabar información. Según la Comisión, Sefcovic habló con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y con el representante comercial, Jamieson Greer, en busca de aclaraciones sobre la naturaleza y el calendario de los gravámenes.
Mientras tanto, en el Parlamento Europeo la situación genera inquietud. El presidente de la Comisión de Comercio (INTA), el socialdemócrata alemán Bernd Lange, avanzó la posibilidad de paralizar la tramitación del acuerdo comercial pactado en Turnberry en julio. Lange calificó el escenario como un «puro caos arancelario» y exigió más seguridad jurídica antes de proseguir con la votación que debía aprobar la eliminación de aranceles comunitarios a productos estadounidenses.
Consecuencias para la ratificación del pacto
La aprobación en la Eurocámara sigue siendo imprescindible para que la UE reduzca al 0% algunos aranceles a bienes de Estados Unidos, tal y como se había comprometido en el acuerdo. La inquietud es que, si no hay certezas sobre la continuidad y la base legal de las medidas de Washington, los eurodiputados podrían retrasar o condicionar su respaldo, lo que a su vez aplazaría la entrada en vigor y las ventajas esperadas del pacto.
Consideraciones legales y de política comercial
Desde el punto de vista jurídico, la utilización de la Sección 122 difiere de la IEEPA y abre un horizonte temporal más limitado: 150 días sin prórroga automática. Esa limitación sitúa al Congreso de Estados Unidos como actor clave si el Ejecutivo desea mantener los gravámenes más allá de ese plazo. La Comisión Europea insiste en que esos matices legales deben comunicarse con transparencia para evitar malentendidos entre socios.
En términos políticos, la disputa pone a prueba la solidez del entendimiento bilateral alcanzado en 2026. Bruselas apuesta por preservar un entorno predecible para el comercio y por defender un marco basado en normas multilaterales. A la vez, advierte que cualquier medida unilateral e inesperada puede forzar una reevaluación de compromisos ya pactados.
Escenarios futuros y demandas de la UE
La Comisión solicita a Washington información precisa sobre la aplicación práctica de los aranceles: inicio y duración, alcance sectorial y mecanismo de resolución. También reclama garantías de que las obligaciones recogidas en la Declaración Conjunta no se verán socavadas por medidas contradictorias. Sin respuestas claras, la Unión Europea valora todas las opciones, incluidas revisiones parlamentarias y medidas defensivas para proteger intereses económicos.
Bruselas exige claridad y compromiso: sin ellos, el proceso de ratificación del pacto transatlántico y la confianza entre socios podrían verse seriamente comprometidos.
