El Ejecutivo anuncia la liberación de archivos sobre el 23-F para impulsar la memoria histórica; el anuncio, vinculado a Javier Cercas, revive el relato de aquella noche en la que la democracia española se puso a prueba
El presidente Pedro Sánchez anunció el 23 de febrero de 2026 que el Ejecutivo procederá a la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, una medida que, según dijo, busca salvar una deuda histórica con la ciudadanía.
El anuncio, publicado en la red social X, aludió al papel del escritor Javier Cercas por haber impulsado esta petición. La decisión ha desatado reacciones encontradas: apoyos que reivindican la memoria y críticas que la consideran un gesto instrumental.
Por qué abrir los archivos
La decisión de desclasificar documentos se fundamenta en la idea de que la transparencia es necesaria para consolidar la democracia. Las fuentes del Ejecutivo han señalado que mantener información bajo reserva prolongada puede obstaculizar procesos legislativos, como la reforma de la ley de secretos oficiales, todavía vigente en muchos aspectos desde la dictadura. Con la apertura de expedientes se pretende permitir que investigadores, periodistas y la ciudadanía accedan a testimonios, actas y diligencias que expliquen las distintas fases de la intentona y su contexto político.
Lo que aportan los sumarios y testimonios
Los sumarios y las declaraciones judiciales del caso ofrecen una cronología detallada de las horas en las que el país quedó a la expectativa. Documentos ya consultados por la prensa en aniversarios anteriores contienen interrogatorios en los que figuras como el teniente coronel Antonio Tejero, el general Alfonso Armada y el teniente general Jaime Milans del Bosch explican sus roles y contactos. Esos testimonios describen preparativos, conversaciones y decisiones que transformaron un plan concebido como «controlado» en una crisis abierta que culminó con la intervención del Rey.
Preparativos y contactos previos
Según las piezas del sumario, en enero de 1981 hubo reuniones para coordinar la operación y quienes participaron admitieron intercambios sobre la ocupación del Congreso y la formación de un Gobierno alternativo. Se citan compras de autobuses, reconocimiento de espacios y la coordinación entre militares de distintas jerarquías; en algunos interrogatorios se alude incluso a la pretensión de mantener la apariencia de legalidad, invocando la autoridad del Rey como argumento central. Estos elementos permiten comprender las motivaciones y la logística detrás del asalto.
La irrupción en el hemiciclo y la reacción institucional
El 23-F quedó marcado por la entrada armada en el Congreso y por los disparos al techo que paralizaron la sesión de investidura. Los documentos reflejan la confusión dentro del hemiciclo, los intentos de diálogo y el papel clave de determinadas autoridades militares y civiles en las horas siguientes. La intervención del entonces rey Juan Carlos I, difundida por televisión, resultó determinante para orientar la salida institucional de la crisis y desencadenó la rendición de los asaltantes al día siguiente.
Consecuencias judiciales y memoria histórica
Las sentencias y los indultos posteriores forman parte también del archivo que se abrirá. El proceso judicial condenó a varios implicados por rebelión militar y conspiración, asignando distintas penas según la implicación atribuida a cada acusado; al mismo tiempo, decisiones posteriores como indultos y excarcelaciones generaron debates sobre justicia y reparación. La desclasificación permitirá revisar no solo los hechos, sino también las decisiones administrativas que siguieron y su impacto en la memoria colectiva.
Un paso para el debate público
El Gobierno sostiene que sacar al público esos documentos no es un acto simbólico aislado, sino una invitación a la investigación y al debate. Grupos políticos, historiadores y familiares de las víctimas podrán contrastar relatos y reconstruir escenarios. No obstante, la medida también enfrenta críticas que la ven como una maniobra política; por eso, la gestión del proceso y la accesibilidad de los archivos serán elementos claves para que la iniciativa genere confianza y no más polarización.
Abrir esos documentos puede ayudar a entender <> y <> se produjeron ciertos hechos, quiénes participaron y qué contradicciones existían en el seno de las instituciones. Más allá de las controversias inmediatas, la medida coloca la historia reciente en el centro del debate público y propone la transparencia como herramienta para fortalecer la memoria democrática.
