La instructora de Catarroja envía al TSJCV un escrito de 109 páginas para que se abra investigación al aforado Carlos Mazón por la inundación del 29 de octubre de 2026 y la cadena de decisiones que, según la juez, pudo contribuir a 230 muertes
La magistrada responsable de la investigación sobre la dana que azotó la Comunitat Valenciana ha dado un paso formal para ampliar el foco del caso: ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada con la finalidad de que se investigue al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, que conserva la condición de diputado y, por tanto, el aforamiento.
El documento, que cuenta con 109 folios, sintetiza los indicios recabados en una instrucción que acumula más de 15 meses de actuaciones, durante las cuales han declarado más de 500 testigos y peritos. La petición de la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, sostiene que la investigación no debe limitarse únicamente a los dos altos cargos ya imputados: la exconsellera Salomé Pradas y el exdirector general de Emergencias Emilio Argüeso.
Motivos de la exposición razonada
En su escrito, la instructora argumenta que la dana no fue un episodio impredecible: hubo avisos y previsiones en los días previos, y el punto crítico llegó el 29 de octubre de , jornada en la que perdieron la vida la mayor parte de las 230 víctimas atribuidas al temporal. La jueza considera que, ante esa información disponible, existió una posible omisión de actuaciones esenciales por parte del presidente de la Generalitat que justifican ampliar la investigación.
Ruiz Tobarra apunta a una combinación de actuaciones omisas y tardías por parte del aparato autonómico y subraya la responsabilidad normativa del cargo de president —según la ley autonómica— en materia de coordinación y dirección de la Administración en emergencias. Esa posición de garante, en su opinión, convierte la conducta atribuida al expresidente en un elemento central de las diligencias.
Pruebas y contradicciones que han estrechado el cerco
En las últimas semanas se han intensificado los indicios contra Mazón a raíz de nuevas declaraciones de personas de su entorno, entre ellas tres escoltas y el conductor, cuyas versiones han mostrado discrepancias con la línea oficial ofrecida por Presidencia. Esas divergencias versan sobre horarios y movimientos del expresidente la tarde del desastre, datos que resultan relevantes para establecer la participación y el conocimiento de la situación de riesgo.
Según testigos, el acceso de Mazón al Palau de la Generalitat se produjo alrededor de las 20:00 horas —y no desde las 17:00 como se sostuvo inicialmente—, tras una comida prolongada en un restaurante de Valencia y un desplazamiento a la sede del gobierno que concluyó en la llegada al Cecopi a las 20:28, después del envío de una alerta masiva a móviles cuya anticipación, sostiene la jueza, podría haber salvado vidas.
La cadena de mando y la coordinación
La exposición razonada describe una cadena de negligencias en la que habrían participado el secretario autonómico de Emergencias, la consellera responsable y el presidente, enlazando decisiones o la falta de ellas desde distintos niveles jerárquicos. La magistrada subraya que esa estructura exige supervisión del superior sobre el inferior, reforzando la tesis de responsabilidad compartida y la gravedad añadida por las competencias atribuidas al presidente.
Posibles resoluciones del TSJCV
Con la recepción del escrito, el TSJCV afronta tres alternativas: aceptar la exposición razonada y asumir la investigación completa, solicitar a la jueza que refuerce los fundamentos de su petición o desestimar la iniciativa y mantener la causa en el juzgado de instrucción. Si se opta por admitirla, la instrucción dejaría de estar en manos de la titular de Catarroja y pasaría al órgano superior por la condición de aforado del investigado.
Mientras tanto, la jueza ha reiterado en diversas ocasiones la invitación a Mazón para que comparezca voluntariamente como investigado; él la rechazó. El proceso, lejos de cerrarse, aún tiene pendientes casi un centenar de citaciones de testigos y peritos y ha tenido prórrogas en su plazo de instrucción, lo que indica que la causa seguirá acumulando diligencias antes de una decisión definitiva.
Impacto y expectativas
La decisión de remitir la exposición al TSJCV conmueve el mapa político y judicial autonómico: por una parte, añade un nuevo foco sobre la gestión del episodio meteorológico y, por otra, plantea un interrogante sobre el alcance de la responsabilidad política que puede devenir en responsabilidad penal. Las familias de las 230 víctimas siguen esperando respuestas y las diligencias continuarán buscando aclarar si la cadena de decisiones pudo evitar la magnitud del desastre.
