El Partido Popular ha diseñado un documento marco para ordenar las negociaciones con Vox en las autonomías y exige el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura
El equipo del Partido Popular ha elaborado un texto marco para guiar las negociaciones con Vox en las comunidades autónomas, con el propósito de fijar reglas comunes y evitar acordar tratos distintos según la región. El documento, presentado por la dirección nacional y atribuido a Génova, recoge un decálogo que, según fuentes del propio partido, pretende ser vinculante y aplicable en toda España.
La decisión llega en un momento en que las investiduras en territorios como Extremadura y Aragón necesitan desbloquearse para conformar gobiernos regionales estables.
Entre las demandas centrales del texto figura la aprobación de cuatro presupuestos autonómicos durante la legislatura, una condición que busca garantizar estabilidad financiera y continuidad de gestión.
Además, el documento establece prioridades temáticas y límites claros sobre el alcance de las medidas que puedan pactarse, con especial énfasis en el respeto del reparto competencial entre administraciones.
Un marco nacional y la exigencia de estabilidad presupuestaria
La propuesta del PP articula un marco único que debe regir las conversaciones con Vox en todas las comunidades autónomas. En su preámbulo el partido subraya la necesidad de asegurar la estabilidad institucional: “los acuerdos deben garantizar la estabilidad porque ningún gobierno puede ser útil en la incertidumbre permanente”, según la redacción interna. Por ello, el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura aparece como columna vertebral del acuerdo y se acompaña de la instauración de un método de seguimiento para comprobar su cumplimiento.
La dirección nacional ha decidido participar directamente en las negociaciones para la investidura de María Guardiola en Extremadura y de Jorge Azcón en Aragón, además de prever su intervención en posibles futuros pactos en Castilla y León y Andalucía. El objetivo es homogeneizar criterios para evitar que exigencias particulares de Vox en determinadas autonomías condicionen la acción del PP en otras regiones.
Ámbitos preferentes y puntos de convergencia
El decálogo incluye una lista de prioridades que coinciden, en buena medida, con la agenda reivindicada por Vox. Entre ellas destacan la rebaja de impuestos, la reducción de la burocracia, el apoyo al sector agrario, medidas sobre vivienda para combatir la okupación y un posicionamiento crítico frente a ciertas políticas climáticas que, según el texto, pueden afectar al empleo y a la industria.
Vivienda y mercado
En materia de vivienda, el documento apuesta por un enfoque de oferta: más suelo disponible, simplificación urbanística, plazos reducidos y movilización del suelo público, junto a incentivos fiscales para facilitar la compra a los jóvenes. Respecto a la okupación, el texto reclama medidas como el desalojo exprés y la anulación del empadronamiento en viviendas ocupadas, con el objetivo de otorgar mayor seguridad jurídica a propietarios e inquilinos.
Inmigración, natalidad y seguridad
La propuesta subraya que la inmigración irregular ha alcanzado «niveles intolerables» y exige al Ejecutivo central mayor control fronterizo y ejecución de expulsiones. Asimismo, el decálogo sitúa la natalidad como prioridad y reclama una política que incentive la maternidad y la paternidad. En seguridad, reafirma la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y pide respuestas penales contundentes donde sea necesario.
Limitaciones, principios y puntos conflictivos
El texto del PP marca límites expresos: cualquier acuerdo debe respetar el reparto competencial y mantener la coherencia programática, de modo que las propuestas adicionales no contradigan lo prometido en campaña. La formación también exige proporcionalidad en el reparto de responsabilidades ejecutivas y legislativas, vinculado a la representación que otorgaron los votantes.
No obstante, el documento deja abiertos asuntos que han causado fricción con Vox, como la acogida de menores extranjeros no acompañados. Algunos dirigentes regionales del PP se comprometieron en campaña a cumplir la ley y acoger a estos menores, una postura que puede chocar con las reclamaciones de Vox en determinadas negociaciones presupuestarias.
Violencia y políticas de género
Otro punto potencialmente delicado es la condena expresa de «toda forma de violencia», incluyendo la violencia machista, término que el PP mantiene pese a que Vox ha intentado sustituirlo en acuerdos previos por expresiones como «violencia intrafamiliar». El documento remarca la voluntad de combatir estas violencias con todos los recursos necesarios, pero plantea además revisar y suprimir partidas que se hayan demostrado ineficaces, una medida que puede responder a demandas de Vox sobre subvenciones a asociaciones.
La concreción de estos acuerdos dependerá de los detalles y del método de seguimiento acordado, elementos que determinarán si los acuerdos ofrecen la estabilidad que promueve la dirección nacional.
