Génova ha decidido pilotar las negociaciones con Vox tras el diálogo entre Feijóo y Abascal; María Guardiola queda relegada y la medida tiene impacto en Aragón y Castilla y León
La dirección nacional del Partido Popular, conocida como Génova, ha optado por entrar de lleno en las conversaciones postelectorales con Vox, una decisión que se anunció públicamente y que, según fuentes internas, fue acordada previamente con la cúpula de Bambú.
El desencadenante fue una llamada entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal que, en palabras de Feijóo, fue «larga, fructífera y esclarecedora» y abrió la posibilidad de un pacto a nivel autonómico.
Ese movimiento centralizador se traduce en un desplazamiento de la capacidad negociadora de la líder regional en Extremadura, María Guardiola, que ha visto reducido su papel operativo en las conversaciones y, según distintas fuentes, tendrá que aceptar que la dirección nacional coordine los contactos para evitar una repetición electoral.
Por qué Génova decidió intervenir
La entrada de la dirección en las negociaciones se explica por la urgencia de evitar la repetición electoral en Extremadura y por la voluntad de presentar un marco común para los pactos con Vox en varias comunidades. Tras la conversación entre Feijóo y Abascal, la dirección considera que es posible alcanzar acuerdos si se articulan condiciones claras y concesiones recíprocas. Además de la coyuntura extremeña, la intervención busca ordenar procesos simultáneos en Aragón y Castilla y León para dar coherencia al partido a nivel nacional.
Consecuencias inmediatas para los líderes regionales
El primer efecto palpable ha sido la pérdida de protagonismo de María Guardiola en Extremadura: Génova le ha retirado el rol exclusivo de negociadora y ha asumido una labor de «acompañamiento» que, en la práctica, limita su margen de maniobra. En paralelo, barones como Jorge Azcón en Aragón y Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León también notan la injerencia, aunque con matices según el ámbito territorial.
El caso de Aragón y la percepción local
En el entorno de Azcón se insiste en que en Aragón no requerían mediación externa y que planeaban iniciar contactos más intensos de forma discreta. Sin embargo, la cronología parlamentaria apremia: el 3 de marzo se constituyen las Cortes Aragonesas y ese pleno ofrecerá las primeras claves sobre la distribución de puestos en la mesa y la posibilidad de acuerdos postelectorales. La dirección nacional pretende que esas decisiones encajen con un documento marco que define las líneas de entendimiento con Vox.
La ventana electoral de Castilla y León
En Castilla y León, donde Mañueco se presenta a las urnas el 15 de marzo, la reacción es más prudente: la campaña de precaución y silencio pretende no precipitar posicionamientos que puedan alterar el resultado. Los sondeos, favorables para el líder regional, explican en parte esa cautela. Aun así, Génova ya ha advertido que el acompañamiento se extendería a esta comunidad si fuera necesario para garantizar resultados estables y evitar sorpresas en la formación de gobiernos autonómicos.
La estrategia de Vox y las condiciones del pacto
Desde Vox se percibe la intervención de Génova como un reconocimiento de su peso electoral y de su capacidad de condicionar gobiernos autonómicos. Voces de la formación de Abascal han insistido en que priorizan «medidas concretas» y un plan de gobierno por encima de sillones, aunque otros dirigentes han mencionado la posibilidad de reclamar cambios de interlocutores regionales si no se avanzara.
Negociación programática frente a reparto de cargos
La dirección del PP ha manifestado su disposición a incorporar gran parte de las propuestas programáticas de Vox—hasta un 95% según algunas fuentes—pero sigue mostrando reservas ante la cesión masiva de cargos en los ejecutivos autonómicos. Para Génova, lo esencial es la estabilidad y evitar que la repetición de elecciones castigue a las derechas. Por ello, se busca un equilibrio entre concesiones programáticas y control del acceso a responsabilidades ejecutivas.
Riesgos y próximos plazos
El calendario marca citas clave: el 3 de marzo, la constitución parlamentaria en Aragón y la primera sesión de investidura en Extremadura; el 15 de marzo, la votación en Castilla y León; y plazos posteriores para intentar mayorías simples o agotar el período para convocar nuevos comicios, según la normativa vigente. La intervención de Génova pretende evitar una escalada que derive en urnas repetidas, pero también genera tensiones internas por la percepción de centralización y la acusación de algunos territorios de falta de autonomía para negociar.
