Victimas de la DANA han comparecido en Les Corts para demandar verdad, justicia y que Carlos Mazón asuma responsabilidades por la gestión del 29 de octubre de 2026
La segunda jornada de la comisión de investigación en Les Corts Valencianes volvió a centrar la atención en las personas que perdieron a sus seres queridos durante la DANA del 29 de octubre de 2026. Representantes de las principales asociaciones de afectados han usado su turno para relatar dolores, exigir cambios en los protocolos de emergencia y apuntar responsabilidades políticas concretas, con el foco puesto en Carlos Mazón.
Las intervenciones combinaron testimonios personales y reclamaciones formales: reclamaron que no basta con explicaciones, sino que haga falta reparación y medidas que eviten que se repita una tragedia similar.
Denuncias públicas y reclamo de responsabilidad política
Durante la sesión, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA expresó que los colectivos se han sentido marginados del diseño de la comisión y denunció un trato que, según dijo, prolonga el sufrimiento: «Llevamos 483 días de maltrato», comentó como síntesis del estado anímico de muchos asistentes. En su intervención criticó la gestión autonómica y acusó al Gobierno valenciano de proteger al que consideran el máximo responsable: Carlos Mazón. Los representantes pidieron la retirada del acta de diputado si Mazón no asume las consecuencias políticas de lo ocurrido y reclamaron que quien ostenta cargos rinda cuentas ante la ciudadanía y las familias.
Reivindicaciones sobre alertas, protocolos y ciencia
Las portavoces de las asociaciones incidieron en la necesidad de reforzar el uso de la ciencia y los sistemas de aviso para salvaguardar vidas. Señalaron que no se trató de un suceso completamente imprevisible, sino de una cadena de decisiones que no funcionó: las consultas técnicas existieron, las advertencias llegaron y, aun así, no se aplicaron medidas eficaces. Criticaron además el retraso y la gestión del ES-Alert, y apuntaron a debates internos sobre el contenido y el idioma del mensaje como ejemplos de decisiones que tuvieron consecuencias reales.
La reclamación de verdad y reparación
En varios turnos, las víctimas subrayaron que su objetivo no es la venganza, sino la justicia y la reparación. Recordaron que las 230 muertes atribuidas a la DANA fueron, en su evaluación, evitables y derivadas de negligencias en la gestión de la emergencia. Pedían que la comisión no sirva para dispersar responsabilidades ni para proteger a partidos políticos, y reclamaron que los resultados permitan no solo señalar errores, sino introducir reformas claras en la gestión de riesgos meteorológicos y emergencias.
Relatos personales, voluntariado y críticas al abandono institucional
Varios comparecientes narraron situaciones límite: búsquedas prolongadas, ausencia de apoyo institucional y la ayuda imprescindible de voluntarios y agricultores que actuaron cuando las administraciones no lo hicieron. Un familiar contó cómo encontró el cuerpo de su padre gracias al esfuerzo de personas anónimas, y otro relató que tardó 17 días en enterrar a su madre por la falta de coordinación. Estas historias sirvieron para ilustrar, con fuerza emocional, la sensación de abandono y la importancia de reconocer y reforzar las capacidades de respuesta comunitaria frente a la emergencia.
Consecuencias políticas y sociales
Las comparecencias derivaron en llamadas a la política para que haga autocrítica y cambie prácticas. Las representantes insistieron en que la permanencia de los responsables en sus cargos sería incompatible con la normalidad democrática y advirtieron que no habrá sosiego mientras se mantenga protección política a los señalados. Reclamaron también transparencia en la instrucción judicial y que las investigaciones administrativas y penales avancen sin interferencias.
Antes de la sesión, una concentración frente a Les Corts mostró apoyo a las familias y volvió a pedir medidas penales contra quienes consideran responsables. Las pancartas y consignas reflejaron la indignación popular y la exigencia de que la tragedia del 29 de octubre de 2026 sirva como impulso para reformar las políticas de gestión de emergencias y de alertas públicas, garantizando la prioridad de la vida por encima de cualquier cálculo político.
