El diputado Manuel Mariscal afirmó en el Senado que, si hace falta, expulsarán «a patadas» a los responsables de RTVE; el presidente José Pablo López negó el sesgo y respondió a las acusaciones sobre programas, financiación y referencias históricas
En una tensa sesión parlamentaria celebrada en la sala Clara Campoamor del Senado, el diputado de Vox Manuel Mariscal volvió a dirigir una dura advertencia al presidente de RTVE, José Pablo López. Tras haber utilizado anteriormente imágenes beligerantes como el lanzallamas y la motosierra, y tras los referidos a la «bomba atómica» por parte de otro representante de su formación, Mariscal pronunció que «si hace falta, les echaremos a patadas», insistiendo en que a los españoles no se les puede «vacilar una vez más».
La escena provocó el reproche del presidente de la comisión, Antonio Silván, que pidió respeto en la intervención.
Acusaciones sobre contenidos y financiación
El intercambio no solo fue de tono. Mariscal culpó a la corporación pública de tolerar un supuesto sesgo ideológico en programas subcontratados por productoras externas, señalando en particular a espacios de audiencia como Mañaneros 360 y Malas lenguas.
Además, lanzó una afirmación sobre la posible inyección de fondos desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), asegurando que iba a destinar 700 millones de euros a la corporación. El presidente de RTVE respondió cuestionando el origen de ese dato y calificó la acusación como una información no verificada divulgada por medios y redes sociales, lo que encendió aún más el debate en la sala.
Respuesta del presidente de RTVE
José Pablo López defendió la independencia editorial de la casa y negó la existencia de un sesgo institucionalizado: «En Televisión Española no hay ningún sesgo ideológico», afirmó. Frente a las imputaciones sobre la cobertura de determinados temas, explicó el contexto de una alusión concreta que había suscitado críticas: durante un comentario sobre el libro titulado Los últimos cincuenta de la División Azul, se recordó que quienes integraron la División Azul lucharon bajo mando alemán en el asedio de Leningrado, vistiendo uniforme alemán con insignia española. López utilizó este dato histórico para justificar la observación en antena y reclamar el derecho a la libertad de expresión en la programación pública.
Reproches sobre veracidad y redes sociales
En su réplica, López acusó a Mariscal de traer «mentiras» a la comisión y le advirtió sobre el riesgo de fiarse de contenidos difundidos en redes sociales. El presidente de RTVE sostuvo que algunas versiones de los hechos circulan como bulos y que determinados representantes políticos pueden terminar por creérselos, con el peligro de contaminar el debate público. Mariscal, por su parte, justificó sus afirmaciones remitiéndose a lo que, según él, aparecía en distintos medios, manteniendo la tensión verbal entre fiscalización y defensa institucional.
El conflicto sobre programas y producción externa
El choque de posiciones también puso sobre la mesa el funcionamiento interno de la cadena pública: la contratación de productoras privadas para contenidos informativos y de entretenimiento, y la supervisión que ejerce el consejo de informativos. Un informe del mencionado consejo había señalado un sesgo en dos programas de gran audiencia, mientras que el consejo de administración aprobó un contrainforme la semana anterior a propuesta de su presidente. Ese contraste técnico hizo que la disputa se trasladara del plano retórico al administrativo, con implicaciones sobre auditorías internas, criterios de contratación y mecanismos de control editorial.
Implicaciones para la gestión de la radiotelevisión pública
Más allá de los reproches personales, la discusión refleja un choque sobre el papel de la radiotelevisión pública en la esfera democrática: ¿debe primar la fiscalización política sobre la autonomía profesional o viceversa? En juego están conceptos como pluralismo informativo, imparcialidad y la capacidad de los responsables para resistir presiones políticas. Las amenazas verbales ante la posibilidad de llegar al poder agudizan la preocupación por la estabilidad de los órganos de gobernanza de la cadena y por la protección de sus equipos frente a injerencias externas.
La sesión terminó con un cruce de acusaciones y apelaciones a la veracidad de los hechos. Mientras algunos senadores pidieron moderación en el lenguaje, desde otros sectores se reclamó vigilancia sobre la financiación pública y los contenidos. La polémica sobre la División Azul, las referencias a figuras históricas y la gestión presupuestaria vuelven a situar a RTVE en el epicentro de una disputa que mezcla lo político, lo histórico y lo mediático, con el telón de fondo de quién controla y cómo se controla la información en un servicio público.
