El Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho públicos expedientes que reconstruyen la reacción internacional al 23-F, subrayan la polémica por la frase de Haig y aportan indicios sobre la participación de agentes del CESID
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha desclasificado una colección de documentos vinculados al intento de golpe del 23-F. Entre los papeles hay comunicaciones oficiales, notas diplomáticas y una transcripción de una crónica del New york times enviada por la embajada española en Washington el 12 de marzo de 1981.
Estos materiales permiten reconstruir tanto la fricción diplomática que surgió en torno a la respuesta norteamericana como algunos informes internos que señalan la implicación de miembros del servicio secreto español en los hechos.
La documentación revela el impacto de una formulación concreta: una observación del entonces secretario de Estado, Alexander M.
Haig, que describió la toma del Congreso por el teniente coronel Antonio Tejero como un «Spanish ‘internal matter'». Esa expresión, recogida y difundida por la prensa extranjera, generó inquietud en España y provocó un seguimiento y aclaraciones posteriores por parte de Washington.
La cadena de reacciones entre Washington y Madrid
Los expedientes incluyen el comunicado oficial del Departamento de Estado del 24 de febrero de 1981, ya tras el fracaso de la asonada, en el que se afirmaba: «Estamos satisfechos de que la democracia en España haya sobrevivido». A ese pronunciamiento siguieron gestos diplomáticos: cartas de Haig y del embajador en Madrid, Terence A. Todman, dirigidas al ministro de Asuntos Exteriores, José Pedro Pérez-Llorca, el 26 de febrero, en las que felicitaban a España por la resolución de la crisis y el papel del Rey. Además, el Congreso de Estados Unidos aprobó una resolución el 4 de marzo elogiando las instituciones democráticas españolas, una muestra pública de respaldo tras la polémica inicial.
La polémica por la frase de Haig
En la transcripción de la crónica del New York Times firmada por James M. Markham y fechada el 11 de marzo de 1981 se recoge cómo la etiqueta de «asunto interno» fue interpretada en España como una ambigüedad inquietante. El texto apunta a que la sensibilidad española sobre las políticas exteriores de Estados Unidos, especialmente hacia América Latina, alimentó la lectura de que esa postura podría aplicarse también a España, generando temor a que los militares percibieran una mayor permisividad exterior ante futuros intentos.
Hallazgos internos sobre el papel de los servicios
Además de las comunicaciones diplomáticas, los papeles incorporan informes internos del propio aparato de seguridad español. Un documento titulado «Informe sobre la participación de miembros de la AOME (CESID) en los hechos del 23 de febrero de 1981» señala la existencia de indicios de participación activa de seis efectivos en los preparativos o en el apoyo operativo durante la jornada. El informe detalla nombres y rangos: el Capitán García Almenta, el Capitán Gómez Iglesias, el Sargento Miguel Sales y el Cabo Monge Segura aparecen como personas que conocían los hechos antes de que ocurrieran; hay además referencias al Comandante Cortina, cuya implicación no está plenamente confirmada pero sobre la que existen indicios.
Contactos previos y dudas diplomáticas
Una anotación delicada dentro del expediente indica que el Comandante Cortina mantuvo contactos previos con el Nuncio de Su Santidad y con el embajador estadounidense, Mr. Todman, en fechas anteriores al 23 de febrero, según declaró el Capitán Gómez Iglesias. El documento no desarrolla el contenido de esos encuentros ni imputa responsabilidades directas a los diplomáticos, pero su mención obliga a considerar que el Ministerio manejó información sensible y que se siguió con atención cualquier vínculo potencial entre mandos investigados y representantes extranjeros.
Contexto social y judicial que siguió al golpe
Paralelamente a la dimensión diplomática y de seguridad, la memoria social del 23-F se consolidó en la salida masiva a la calle y en las reacciones de organizaciones como el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que desde el 25 de febrero de 1981 proclamó su defensa de la democracia y convocó manifestaciones. En 1982, durante y tras el juicio militar, CCOO insistió en la necesidad de sentencias rigurosas y denunció la permisividad con algunos acusados, posición que alimentó el debate sobre la aplicación de la justicia militar y la consolidación de la Transición.
En conjunto, los documentos desclasificados no muestran una ruptura formal entre Madrid y Washington, pero sí dejan constancia de una fricción política que fue resuelta públicamente por la administración norteamericana y matizada por gestos diplomáticos posteriores. Al mismo tiempo, los informes internos abren interrogantes sobre la implicación de integrantes del servicio secreto en el 23-F, lo que mantiene vigente el interés por completar la investigación histórica y judicial.
