La investigación por la dana avanza: la jueza de Catarroja remite al TSJCV una exposición razonada que atribuye a Carlos Mazón una «inactividad negligente» durante la tragedia del 29 de octubre de 2026
La investigación judicial sobre la dana que provocó las inundaciones con saldo de 230 víctimas mortales el 29 de octubre de 2026 ha entrado en una nueva fase. La titular del Juzgado de Instrucción de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha elevado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada de 109 páginas en la que solicita que se valore la posible imputación del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, actualmente diputado y, por tanto, aforado.
El documento sintetiza los resultados de una instrucción que se ha desarrollado durante cerca de año y medio y en la que han declarado alrededor de medio millar de testigos. La magistrada centra su petición en la existencia de indicios de que la actuación del entonces presidente podría haber influido decisivamente en el desarrollo y la respuesta ante la emergencia, y por tanto en el resultado lesivo de la catástrofe.
Fundamentos de la exposición razonada
En su escrito, la jueza sostiene que la dana no fue un suceso imprevisible: los avisos meteorológicos se produjeron con antelación suficiente para adoptar medidas preventivas. Por ello, la instrucción aborda la posibilidad de que la «inactividad negligente» atribuida a Carlos Mazón haya contribuido a la cadena de errores y retrasos que derivaron en pérdidas humanas.
Tres ejes de la responsabilidad señalada
La magistrada desglosa tres motivos que, a su juicio, justifican abrir la investigación al expresident: primero, la minimización pública de la gravedad de la emergencia; segundo, la permanencia de Mazón durante horas en el reservado del restaurante conocido como Ventorro, que se interpreta como una actitud de ajenidad en un momento crítico; y tercero, la pasividad en la toma de decisiones, incluida la gestión del sistema de alertas, el ES-Alert, cuyo retraso ha sido objeto central del sumario.
Alcance procesal y competencia
La magistrada subraya la conexión entre las indicaciones colectadas en instrucción y la normativa de protección civil, lo que, según su criterio, hace inevitable extender la investigación más allá de los dos investigados actuales: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Dado que Mazón conserva su acta de diputado, la competencia para examinar su eventual responsabilidad corresponde al TSJCV, motivo por el cual Ruiz Tobarra ha elevado la exposición razonada.
Pruebas y testimonios relevantes
El auto recoge declaraciones y registros que, según la instructora, permiten trazar una línea causal entre órdenes comunicadas desde el entorno del president y la secuencia de actuaciones en la Administración autonómica. Entre los elementos citados figuran mensajes de cargos del gabinete, cronologías de avisos meteorológicos y testimonios sobre la coordinación operativa en las horas previas y posteriores al episodio más grave de la inundación.
Reacción social y política
La decisión judicial ha coincidido con movilizaciones de víctimas y colectivos sociales frente a la sede de Les Corts, donde se reclamó responsabilidad penal para Carlos Mazón. En esas concentraciones, que han canalizado la indignación pública tras la tragedia, se han exigido medidas concretas y se ha pedido que se depuren las responsabilidades tanto políticas como penales.
El paso dado por la jueza es de gran relevancia procesal: si la Sala del TSJCV acepta la exposición razonada, se abriría formalmente la puerta a la imputación del expresident. Hasta ahora, la instrucción ha sentado en el banquillo de la investigación a la exconsellera Salomé Pradas y a su número dos, Emilio Argüeso, pero la posible extensión al ámbito del president eleva la dimensión del caso y obliga a la Sala competente a examinar con detalle los elementos jurídicos y probatorios aportados en las 109 páginas del auto.
