El comisario Luis Antonio Moreno Pascual ha pedido formalmente el cese en Alcalá de Henares y su reincorporación a la plaza de Torrejón de Ardoz para ejercer su defensa frente a acusaciones que incluyen agresión sexual y acoso laboral; la situación ha generado reacción política y sindical
El comisario principal Luis Antonio Moreno Pascual, que ejercía como máximo responsable de la Policía Local de Alcalá de Henares en comisión de servicio, ha formalizado su petición de cese y el traslado a la plaza que ocupa como comisario en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
La decisión, según fuentes municipales, obedece a su voluntad de poder afrontar las acusaciones con mayores garantías desde su destino original y preservar su honor profesional.
Las acusaciones que motivan su movimiento son de gran calado: el comisario está investigado por presuntos delitos que incluyen agresión sexual, acoso laboral, violencia de género, vejaciones, coacciones y calumnias e injurias.
La causa está en fase de instrucción tras la investigación remitida al juzgado competente y las diligencias se siguen en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Torrejón de Ardoz.
Motivaciones y entorno institucional
Desde el entorno del comisario se argumenta que la reincorporación a su plaza en Torrejón de Ardoz es la vía más apropiada para garantizar su derecho a la defensa y el respeto al principio de presunción de inocencia. Moreno había sido designado en Alcalá por el sistema de libre designación y, durante su mandato, las autoridades locales destacan mejoras en materia de seguridad, como el refuerzo de dispositivos especiales y la creación de unidades específicas.
La versión municipal
La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, se ha pronunciado agradeciendo la labor desarrollada por Moreno y resaltando su profesionalidad y compromiso con la seguridad ciudadana. El Gobierno local ha recordado los hitos alcanzados durante su etapa, entre ellos la consolidación del dispositivo antibandas, la implantación de la Policía de Barrio y la puesta en marcha de la Unidad Canina, subrayando que la solicitud de cese busca que el interesado pueda ejercer su defensa con plenas garantías.
Denuncias, procedimiento y repercusión
La investigación judicial se inició a raíz de denuncias presentadas ante la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional por una agente de la Policía Local de Torrejón y por una trabajadora municipal que ejercía de conserje. Según las diligencias, la agente denunciante alega haber sufrido acoso laboral y un episodio de agresión sexual por parte del entonces superior jerárquico; la conserje formuló acusaciones complementarias. El atestado fue remitido a la autoridad judicial y el caso quedó en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
Hechos denunciados y efectos
En el relato de la denunciante, se recoge que el denunciado habría hecho manifestaciones públicas y privadamente que menoscabaron su reputación, con alusiones a relaciones personales que, según consta en actuaciones, fueron escuchadas por compañeros. La agente sostiene que estos hechos le provocaron un entorno laboral hostil e intimidatorio que terminó en baja médica desde abril. La causa mantiene carácter reservado mientras continúa la fase de instrucción.
Reacciones políticas, sindicales y escenario local
La situación ha desencadenado una respuesta política en Alcalá de Henares: el PSOE local y la formación Más Madrid habían exigido el cese inmediato del comisario y solicitaron la celebración de un pleno extraordinario para tratar el asunto. Fuentes socialistas han señalado que la presión vecinal y política ha sido determinante en la evolución del caso y han reclamado responsabilidades por el mantenimiento del mando en el cargo hasta el último momento.
Por su parte, sindicatos policiales han mostrado posiciones diversas: algunos reconocen la salida del comisario como una alternativa digna frente a la polémica, mientras que a la vez expresan apoyo a las denunciantes. El sindicato CPPM en Alcal de Henares calificó la decisión como una «salida honrosa» y recordó que la plaza vacante será cubierta siguiendo los procedimientos reglamentarios que regulan la provisión de puestos en el cuerpo.
Próximos pasos y garantías procesales
Aunque la moción de urgencia y el pleno extraordinario se mantuvieron en la agenda política —con convocatoria prevista para el viernes 27 de febrero—, el foco principal se sitúa ahora en el avance de las diligencias judiciales y en la protección de las piezas investigadas. Las partes implicadas insisten en la necesidad de respetar la presunción de inocencia y el debido proceso, mientras la instrucción sigue reuniendo pruebas y citando testigos.
El desenlace dependerá de la instrucción judicial y de las decisiones que adopten las autoridades municipales y los órganos competentes en la provisión de plazas en el cuerpo policial.
