Junts vuelve a votar en contra del real decreto que prorrogaba el llamado «escudo social»; la disputa gira en torno a una moratoria antidesahucios cuya redacción y vigencia suscitan críticas y exigencias de desglose
El Congreso ha vuelto a tumbar el paquete de medidas conocido como escudo social, después de que Junts confirmara su voto en contra. La votación, celebrada tras semanas de tensión política, deja en el aire no solo la prórroga de ayudas y bonificaciones sino también la controvertida moratoria antidesahucios, eje principal de las objeciones del partido independentista.
Los socios de izquierdas del Gobierno anunciaron que volverán a presentar el texto tantas veces como haga falta, mientras que la derecha —formada por PP, Vox y aliados— reclamó desgajar la moratoria para poder aprobar el resto del paquete. La disputa política ha puesto el foco en detalles técnicos del decreto y en una disposición transitoria que mantiene en suspenso desalojos por impagos registrados antes del 27 de enero de .
Qué contenía el paquete y por qué genera rechazo
El real decreto buscaba prorrogar una batería de medidas sociales, fiscales y económicas: desde la extensión de descuentos en el bono social hasta incentivos para la rehabilitación energética de viviendas y deducciones para la compra de vehículos eléctricos. No obstante, la atención se centró en la cláusula que regula los desahucios en situaciones de vulnerabilidad.
En su versión original, el decreto prohibía determinados desahucios por impago, pero tras negociaciones el Ejecutivo pactó con el PNV una redacción que introduce exenciones para propietarios con una o dos viviendas, con la intención de proteger a los pequeños arrendadores. Aun así, los cambios no convencieron a Junts, que denunció la presencia de una «trampa» en una disposición transitoria que mantiene la suspensión de desalojos para impagos anteriores al 27 de enero de.
La crítica de Junts
La portavoz de Junts en el Congreso explicó que su formación no puede respaldar un texto que, en su lectura, «avalúa» la ocupación al dejar desprotegidos a propietarios y permite que casos previos queden eternamente suspendidos. Esa interpretación llevó a Junts a anunciar el voto negativo pese a las promesas de la izquierda de seguir intentando sacar adelante la norma.
Posiciones enfrentadas: reacciones y argumentos
El presidente del Gobierno, visiblemente contrariado, defendió que la moratoria no ampara la ocupación ilegal y que la intención es ofrecer alternativas habitacionales a personas en situación de vulnerabilidad. Desde el Ejecutivo se insiste en que la modificación pactada con el PNV pretende equilibrar la protección social con el derecho de los pequeños propietarios.
Por su parte, representantes del PP y de Vox han usado argumentos similares a los de Junts para justificar su rechazo: sostienen que la redacción puede convertirse en un incentivo para la ocupación ilegal y que no respeta los derechos de los propietarios. En paralelo, ministros del Gobierno han denunciado que la negativa de la derecha y de Junts expone a familias vulnerables a perder su vivienda sin soluciones alternativas.
El impacto práctico
La caída del decreto significa la pérdida temporal de múltiples medidas: prórrogas del bono social, incentivos fiscales, ayudas a damnificados por fenómenos meteorológicos y ajustes en los pagos a comunidades autónomas y ayuntamientos. Además, la negativa complica la hoja de ruta legislativa del Ejecutivo y obliga a replantear la estrategia de acuerdos parlamentarios.
Escenarios posibles y próximos pasos
Frente al bloqueo, el Gobierno dispone de varias opciones: volver a presentar el decreto con modificaciones que convenzan a Junts o a otras fuerzas clave; desgajar la moratoria para someter el resto del paquete a votación separada; o optar por tramitar los cambios a través de iniciativas parlamentarias ordinarias. Cada ruta conlleva costes políticos distintos.
Los socios de la izquierda ya han señalado su disposición a reintroducir el texto tantas veces como sea necesario, mientras que la oposición exigirá concesiones. La presencia de la disposición transitoria sobre impagos anteriores al 27 de enero de seguirá siendo un punto caliente en cualquier negociación futura.
Conclusión
La repetida caída del decreto pone de manifiesto la complejidad de gobernar con mayorías fragmentadas y de conciliar medidas sociales amplias con la protección de derechos de propietarios. En el centro del debate quedan las definiciones legales sobre vulnerabilidad, la moratoria antidesahucios y la vigencia de salvaguardas temporales que afectan a casos anteriores al 27 de enero de. El pulso parlamentario continuará en las próximas semanas mientras las partes buscan un encaje que permita salvar, al menos, parte del paquete social.
