El Congreso aprueba la revalorización de pensiones y las ayudas por accidentes ferroviarios, mientras que el escudo social y la normativa para limitar precios en emergencias son rechazados tras la suma de votos de PP, Vox y Junts
En una sesión parlamentaria marcada por la tensión, el Congreso ha emitido una sentencia dividida sobre las propuestas del Ejecutivo: dos decretos han prosperado y otros dos han quedado derogados. La jornada terminó con una sensación de empate amargo para el Gobierno, que esperaba mayor estabilidad tras fragmentar el paquete inicial en varios textos con la intención de asegurar apoyos.
La votación reflejó que, pese a haber logrado luz verde a la revalorización de las pensiones y a las ayudas económicas para las víctimas de accidentes ferroviarios, el Ejecutivo no pudo salvar ni el denominado escudo social ni la normativa que le permitía fijar un tope de precios en situaciones de emergencia.
Ese doble revés evidencia la fragilidad de la aritmética parlamentaria.
Qué se aprobó y qué se tumbó
Entre los decretos convalidado se encuentra el que recoge la subida general de las pensiones y aumentos específicos: una alza para las mínimas y para las prestaciones no contributivas. Además, recibió el visto bueno el paquete de compensaciones para los afectados por los siniestros ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), con una dotación económica total destinada a ayudas urgentes y anticipos del seguro.
En cambio, dos iniciativas se toparon con el rechazo de una mayoría formada por PP, Vox y Junts: el decreto que prorrogaba la moratoria contra los desahucios dentro del escudo social y la norma que facultaba al Gobierno para establecer un límite temporal a precios de bienes y servicios en emergencias. La combinación de estos votos dejó sin efecto ambos textos, socavando parte de la estrategia social del Ejecutivo.
Las razones políticas detrás del rechazo
El elemento central que dinamizó el voto en contra del escudo social fue la prórroga de la suspensión de desahucios por vulnerabilidad. Junts rechazó de forma tajante su inclusión en el decreto y rechazó incluso las modificaciones destinadas a proteger a pequeños propietarios. Desde la bancada catalana se argumentó que la medida favorece situaciones de ocupación y carga demasiado a propietarios privados.
La portavoz de Junts dejó claro el punto de fricción: respaldo a las medidas sociales, pero no a lo que llamaron una protección indefinida frente a desalojos. Esa postura, junto a la de PP y Vox, se tradujo en una mayoría suficiente para tumbar el texto, pese a los intentos del Gobierno por negociar matices y aislar la prórroga.
El debate sobre la intervención del mercado
El rechazo al mecanismo que habilitaba al Ejecutivo a limitar precios en escenarios de emergencia añade una lectura distinta: se trata de una confrontación sobre la capacidad del Estado para intervenir el mercado. La norma planteaba como referencia el precio máximo registrado en los 30 días previos al inicio de la crisis para evitar incrementos abusivos en contextos como cortes de transporte o fenómenos meteorológicos severos.
No obstante, los detractores consideraron que la herramienta abría la puerta a una intervención económica excesiva. La votación mostró que siquiera la abstención de algunas fuerzas habría bastado para salvar la iniciativa; el resultado reflejó una aritmética parlamentaria más endeble de lo previsto por el Ejecutivo.
Posibles pasos del Gobierno y propuestas alternativas
Desde el Gobierno se deslizan opciones para intentar revertir el rechazo en futuros intentos: presentar un nuevo decreto con ajustes, explorar la abstención de grupos que hoy votaron en contra o negociar medidas complementarias para tranquilizar a los propietarios afectados por la moratoria. En privado, fuentes socialistas expresan confianza en que un tercer intento podría traducirse en una abstención suficiente para aprobar al menos parte del paquete.
Por su parte, Junts registró una iniciativa alternativa que propone sustituir la suspensión general de los lanzamientos por un procedimiento administrativo urgente que permita al Estado asumir y pagar de forma inmediata las deudas de alquiler de personas vulnerables. Ese planteamiento traslada la carga desde los propietarios a la administración, y reclama que el Ejecutivo cubra íntegramente esos costes.
Impacto social y económico
La validación de las pensiones garantiza que las subidas anunciadas se apliquen con normalidad y protege a millones de beneficiarios. Las ayudas por los accidentes ferroviarios movilizan recursos inmediatos para víctimas y familiares, con cuantías escaladas según la gravedad de los daños. Sin embargo, la pérdida del escudo social deja sin mecanismos jurídicos renovados la protección frente a cortes de suministros básicos y otras medidas pensadas para hogares vulnerables.
En síntesis, la sesión parlamentaria ha dibujado un tablero más fragmentado: el Ejecutivo logra avances relevantes pero ve bloqueadas otras piezas clave de su estrategia social. La disputa política por los límites entre protección social, derechos de propietarios y la intervención estatal en mercados seguirá marcando el debate en los próximos pasos institucionales.
