La apertura de los archivos del 23-F clarifica responsabilidades: Armada como instigador, el rey como freno al golpe y la revelación de riesgos de víctimas si los asaltantes hubieran continuado
La reciente difusión de documentos relacionados con el intento de golpe del 23-F ha reavivado el debate sobre uno de los episodios más sensibles de la historia reciente de España. Tras la lectura de los papeles accesibles, se consolida la tesis de que el general Alfonso Armada jugó un papel central en la conspiración y que el entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, fue clave para desactivar la intentona y evitar una escalada violenta.
Coincidiendo con la publicación de estos archivos, se conoció la muerte de Antonio Tejero, el rostro más visible del asalto al Congreso, lo que añade una carga simbólica al cierre de aquel capítulo. La combinación de la documentación liberada y este hecho ha servido para completar varios puntos oscuros del suceso, aunque algunas preguntas siguen abiertas.
Qué aportan los documentos desclasificados
Entre los materiales hechos públicos figuran informes de inteligencia, transcripciones telefónicas y análisis internos de los cuerpos implicados. Un paquete importante de archivos —aproximadamente 167 documentos— aporta detalles sobre las líneas de actuación de los golpistas y las decisiones tomadas desde instituciones como la Zarzuela y los servicios de inteligencia.
Alfonso Armada y la hipotética estructura del nuevo gobierno
Los papeles confirman que la idea promovida por algunos militares era sustituir al Ejecutivo mediante un «gobierno de salvación nacional» con figuras civiles y militares en puestos clave. En esos esquemas, Armada figuraba como el motor de la operación, con propuestas concretas de nombres para distintas carteras. La documentación sitúa a Armada como el gran estratega interno, lo que refuerza su rol como instigador principal del plan.
El papel del rey y las conversaciones decide
Las transcripciones procedentes del antiguo servicio de inteligencia señalan que Juan Carlos I rechazó apoyar a los promotores del golpe y ordenó que no se permitiera la entrada de Armada en el Palacio de la Zarzuela. También aparecen comunicaciones con el general Jaime Milans del Bosch, encargado de movilizar tropas en Valencia, en las que el monarca exige la retirada de las unidades y se muestra firme en su compromiso con el orden constitucional.
Actuaciones concretas y riesgos evitados
Los informes registran que la unidad militar que asaltó la sede de RTVE recibió órdenes de «disparar a dar» si se les impedía; por su parte, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) barajó la posibilidad de ocupar el Congreso, estimando que esa actuación podría costar entre 80 y 110 vidas. Estos hallazgos subrayan hasta qué punto la situación podía haberse transformado en un enfrentamiento sangriento entre fuerzas militares y civiles.
Rumores, manipulaciones y la batalla por el relato
La documentación también incluye análisis sobre la circulación de panfletos y bulos que atribuyeron a Juan Carlos I una supuesta connivencia con los sublevados. Algunos manuales internos recogen textos hallados en registros que proponían considerar al monarca como un «objetivo a batir», teoría que las fuentes oficiales desmienten categóricamente y califican de maniobra para justificar la actuación de los procesados y atacar a la institución.
Los documentos muestran además que la intervención pública del rey fue pensada para neutralizar el intento de otorgarle legitimidad a los golpistas; la intención fue clara: evitar que la Corona sirviera como cobertura para la sublevación y reducir el riesgo de una guerra interna.
Implicaciones para la memoria y la transparencia
La desclasificación es valorada por muchos como un ejercicio de transparencia que refuerza la memoria democrática. La publicación de estos archivos aporta pruebas primarias que ayudan a construir una narrativa fundamentada, aunque también revela que todavía subsisten interrogantes sobre la financiación y la cadena completa de apoyos a la conspiración.
En paralelo, se recuerda la necesidad de avanzar en la regulación sobre la información clasificada para que el acceso a este tipo de fuentes sea sistemático y permita a la sociedad conocer con mayor detalle episodios que marcaron la Transición. La apertura de archivos y el contraste de documentos históricos son piezas clave para cerrar debates y reducir la proliferación de versiones interesadas.
La muerte de Tejero el mismo día que se difundieron los papeles aloja, simbólicamente, un punto final a ese proceso, aunque la investigación histórica y judicial continúa ofreciendo matices que seguirán siendo objeto de estudio.
