El propietario del Green House, vinculado al caso Pineda, ha denunciado al alcalde Romualdo Garrido y a dos agentes municipales por presunta extorsión; la querella alega que se exigió dinero a cambio de permitir la reapertura y funcionamiento del local
El 25/02/2026 se presentó en los juzgados una denuncia que sacude la vida política y administrativa de Gines. El propietario del bar Green House, relacionado en las investigaciones que rodean el llamado caso Pineda, ha acusado al alcalde socialista Romualdo Garrido y a dos agentes de la Policía Local de haberle reclamado dinero para permitir la actividad del establecimiento.
La denuncia describe una supuesta exigencia económica que, según el denunciante, buscaba facilitar la reapertura y el funcionamiento del local.
Este movimiento judicial se inserta en una investigación más amplia que ya ha puesto bajo la lupa a varias figuras vinculadas a la vida pública sevillana.
La noticia ha sido confirmada por la presentación formal de la querella, que añade un nuevo capítulo al expediente iniciado por actuaciones relacionadas con el exconcejal y exjefe de gabinete Rafael Pineda. La aparición de esta denuncia centraliza ahora el foco en Gines y en las relaciones entre responsables municipales y empresarios locales.
Contexto y vínculo con el caso Pineda
El caso Pineda ha sido descrito en investigaciones recientes como un entramado de gestiones y favores presuntamente realizados por el exjefe de gabinete en la Delegación del Gobierno en Andalucía. En ese marco, algunas actuaciones habrían beneficiado a allegados y empresarios, entre ellos el titular del Green House. La denuncia presentada el 25/02/2026 reclama que, además de las gestiones administrativas, hubo una supuesta petición de contraprestación económica vinculada a la actividad del bar.
Fuentes cercanas al procedimiento han señalado que las diligencias ya en curso podrían cruzar testimonios y comunicaciones para comprobar si existieron llamadas, visitas o partidas que respalden la versión del denunciante. La investigación pretende contrastar la acusación de extorsión con documentación, registros y declaraciones de los implicados, incluido el propio alcalde Garrido, quien ha negado categóricamente haber recibido cualquier trato de favor o contraprestación.
Reacciones y consecuencias políticas
El alcalde de Gines, Romualdo Garrido, ha respondido ante los medios y en declaraciones oficiales calificando la situación como un «acoso sistemático» y afirmando que se siente «agotado» por la sucesión de señalamientos. Garrido sostiene su inocencia y rechaza haber facilitado la reapertura del local a cambio de beneficios. La acusación, en cambio, ha generado inquietud en la población y entre los grupos políticos locales, que observan con atención las resoluciones judiciales y sus posibles efectos sobre la confianza ciudadana.
En el plano institucional, la presencia de agentes de la Policía Local en la querella complica la escena: la imputación de funcionarios añade un componente operativo al proceso judicial. Si la investigación probara irregularidades, las sanciones podrían afectar tanto a las responsabilidades administrativas como a las penales, dependiendo de los hallazgos y de la calificación que adopte el fiscal y el juzgado de instrucción.
Impacto en la comunidad
Vecinos y comerciantes de Gines siguen el caso con preocupación porque las acusaciones potencialmente erosionan la percepción de transparencia en la gestión municipal. La reapertura de locales de ocio y la regulación de la vida nocturna son asuntos sensibles para la economía local; por ello, la sospecha de que se pidan pagos a cambio de permisos genera inquietud en otros empresarios. La situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de controles más rígidos y mecanismos de supervisión interna en la administración local.
El proceso judicial y próximos pasos
La denuncia ha puesto en marcha trámites procesales: la presentación de pruebas, la práctica de diligencias y la posible citación de testigos y de los denunciados. El juzgado encargado evaluará la documentación aportada y determinará si existen indicios suficientes para abrir una instrucción formal contra el alcalde y los dos agentes mencionados. La evolución del caso dependerá de pruebas concretas que acrediten la supuesta exigencia de dinero a cambio de permitir la actividad del bar.
Mientras tanto, el caso seguirá en la agenda mediática y política. El curso de las indagaciones podrá confirmar, matizar o desmentir las acusaciones, pero ya ha sembrado una polémica que trasciende a los protagonistas directos. En cualquier escenario, la prioridad para las autoridades debe ser la claridad del proceso y la protección de las garantías procedimentales para todas las partes implicadas.
Conclusión
La denuncia presentada el 25/02/2026 por el propietario del Green House plantea cuestiones sensibles sobre la relación entre poder local y actividad empresarial. Con la intervención judicial en marcha, el municipio de Gines espera respuestas que permitan aclarar si se trató de una extorsión o de una denuncia infundada. La transparencia en la administración y la protección de los derechos de los implicados serán fundamentales para restaurar la confianza pública.
