Junts rechazó el decreto que prorrogaba el escudo social y medidas para limitar precios en emergencias, lo que obliga al Gobierno a explorar nuevas vías para proteger a familias vulnerables
El 26/02/, el Congreso rechazó otra vez el decreto conocido como escudo social, que incluía la prórroga de la prohibición de cortes de suministros, la protección contra desahucios y el mantenimiento del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. La formación Junts se alineó con el bloque del PP y Vox para tumbar el texto, y desde Moncloa calificaron la maniobra como un intento de chantaje político que deja a la coalición en una situación de máxima tensión.
Tras la caída del decreto, el Ejecutivo aseguró que no abandonará la protección de los colectivos en riesgo y que buscará fórmulas alternativas para reagrupar apoyos. En este escenario, las negociaciones y las cesiones realizadas con otros grupos, como el PNV, resultaron insuficientes para ganarse el respaldo de los siete diputados de Junts.
Qué contenía el decreto y por qué generó rechazo
El paquete normativo pretendía mantener medidas como la suspensión de desahucios para familias vulnerables, la prórroga de la prohibición de cortar suministros básicos (agua y energía) y la extensión del bono social eléctrico. Además, incluía una batería de ayudas y exenciones fiscales relacionadas con daños por emergencias, y un tope de precios en transporte y servicios básicos ante catástrofes. A pesar de los cambios introducidos para excluir a pequeños propietarios, el texto no convenció a Junts, que argumentó que la medida incentivaría la ocupación ilegal y perjudicaría a los propietarios.
El Gobierno replicó que esas críticas no se corresponden con el contenido real del decreto: representantes como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, afirmaron que el texto no beneficia a ocupantes ilegales y recordaron que la misma iniciativa recibió el apoyo de varios grupos en votaciones previas.
Negociaciones, cesiones y cifras clave
Para intentar atraer apoyos, el Ejecutivo introdujo modificaciones tras pactos parciales con el PNV, entre ellas la exclusión de la prórroga para propietarios con una o hasta dos viviendas. Fuentes oficiales señalan que así se pretendía proteger a los pequeños caseros, aunque la operación no fue suficiente: muchas de las solicitudes afectadas corresponden a propietarios particulares y, según estimaciones, había alrededor de 60.000 desahucios paralizados de este tipo.
En paralelo, en territorio catalán se recordó que casi 200.000 familias tienen derecho al bono social eléctrico, un dato que sirvió para subrayar el impacto de la pérdida de la prórroga en esa comunidad. El Gobierno también anunció que, si hace falta, aprobará un nuevo decreto y que continuará destinando financiación a las comunidades para ampliar el parque de vivienda social y los recursos de emergencia habitacional.
Plan B y recursos presupuestarios
Moncloa no da la batalla por perdida: fuentes del Ejecutivo indican que intentarán tramitar otro decreto si el Congreso mantiene su rechazo. Además, el próximo Plan Estatal de Vivienda -2030 contempla un aumento sustancial de inversión para vivienda social, con la intención de triplicar partidas y reforzar líneas de apoyo para realojos de emergencia.
Reacciones políticas y consecuencias
La votación desató reproches cruzados. Desde el Gobierno se habló de una alianza ideológica entre la derecha y Junts para bloquear la agenda social de la coalición; desde la formación independentista se acusó a Moncloa de mezclar medidas y de ejercer un chantaje para lograr apoyos. Socios del Ejecutivo y formaciones de la izquierda urgieron a buscar soluciones que atenúen el revés y protejan a las familias afectadas.
En el pleno también se debatieron otros decretos que finalmente quedaron afectados por la dinámica parlamentaria: uno relativo a la revalorización de pensiones, otro para ayudas a víctimas de accidentes ferroviarios y otro con límites a precios en emergencias. El decreto de ayuda a víctimas fijó una anticipación de 72.121,46 euros por fallecido, que puede llegar hasta 216.000 euros mediante pagos sucesivos, y estableció cuantías diversas para lesiones según categorías del baremo, desde 84.141,7 euros hasta 2.404,04 euros.
Mirada al futuro
La negativa de Junts se interpreta en Moncloa como parte de una decisión política más amplia que no solo afecta a este decreto. El contexto electoral y los debates internos sobre el giro ideológico de la formación independentista complican la posibilidad de un cambio rápido de postura. Mientras tanto, el Ejecutivo afirma que seguirá adaptando herramientas legales y presupuestarias para no dejar desprotegidos a los hogares más vulnerables.
Conclusión
La caída del decreto del escudo social evidencia la fragilidad de las mayorías en el Congreso y obliga al Gobierno a combinar negociación política, recursos autonómicos y medidas legislativas alternativas para mantener la protección de derechos básicos. La pugna sobre la medida anticipa semanas de intensas conversaciones y posibles nuevas iniciativas en busca de una solución que reduzca el impacto social del rechazo parlamentario.
