Tras la publicación de los documentos del 23-F, Feijóo solicita el retorno de Juan Carlos I; la Casa del Rey y el Gobierno trasladan la responsabilidad al emérito
La reciente desclasificación de los documentos vinculados al intento de golpe del 23-F ha reavivado un debate público sobre la figura del rey emérito, Juan Carlos I. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, publicó un mensaje el 26 de febrero de 2026 reclamando que el emérito regrese a España, argumentando que los papeles acreditan su papel para frenar el golpe y que ello debería facilitar su vuelta al país.
La reacción institucional no se ha hecho esperar: tanto el Gobierno como la Casa del Rey han evitado adoptar una postura resolutiva y han indicado que la decisión depende, en última instancia, del propio don Juan Carlos. En paralelo, el Ejecutivo recuerda que la acreditación de su conducta en 1981 no borra los escándalos financieros posteriores que rodean al emérito.
El impulso de Feijóo y su discurso público
Alberto Núñez Feijóo aprovechó la noticia de la apertura de los archivos para sostener que la desclasificación debe servir de elemento de reconciliación. En su publicación del 26 de febrero de 2026 en X, destacó que, pese a los errores admitidos por Juan Carlos I, quien contribuyó a preservar la democracia en un momento crítico debería poder pasar su última etapa de vida en España con dignidad. Feijóo comunicó a la Casa Real su intención de pronunciarse en esos términos y redobló el mensaje en declaraciones en el Congreso.
Argumentos y matices del líder del PP
En su intervención, Feijóo subrayó un contraste: reconocimiento de errores pero valoración de una aportación histórica. Para el dirigente, la lectura de los papeles ha generado un consenso mediático que avala el papel del emérito en la contención del golpe militar, y por ello considera deseable su retorno. Asimismo, instó al Gobierno a clarificar su postura pública sobre la posible vuelta de Juan Carlos I.
La respuesta del Gobierno y la Casa del Rey
El Ejecutivo, a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, hizo notar que no se oponen a que Juan Carlos I regrese, pero puntualizan que la desclasificación no anula otros hechos que han ensombrecido su trayectoria. Bolaños expresó con claridad que una cosa no borra la otra: el emérito pudo actuar bien en 1981 y, sin embargo, estar implicado en conductas reprochables en años posteriores.
Competencias y límites institucionales
En su réplica, el Gobierno subrayó que la decisión corresponde a la Casa Real y al propio don Juan Carlos, y que no es materia de una resolución política. La Casa del Rey remató esa línea al declarar oficialmente que «la decisión de regresar a España es del Rey Juan Carlos», remitiendo la responsabilidad exclusivamente al interesado.
Reacciones políticas y sociales
Las posturas entre formaciones políticas han sido diversas. El socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, evitó una respuesta rotunda y reclamó avanzar en normas de transparencia, incluida la reforma de la ley de secretos oficiales, en lugar de focalizarse en titulares. Su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, dijo que el asunto «no es relevante en este momento» aunque defendió la necesidad de reforzar la transparencia.
Por su parte, voces más contundentes han rechazado la idea del regreso. El diputado de ERC Gabriel Rufián zanjó el debate con una frase lapidaria: «los delincuentes, mejor fuera que dentro». En el ámbito autonómico, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respaldó la petición de Feijóo, asegurando que la mayoría de los españoles comparten esa opinión.
Contexto histórico y financiero
Es relevante recordar que el exjefe del Estado residió en Abu Dhabi tras una serie de escándalos relacionados con su patrimonio opaco. En 2026, Juan Carlos I afrontó un pago a Hacienda superior a cuatro millones de euros para regularizar ingresos en especie que superaban los ocho millones. Además, investigaciones fiscales en Suiza habían detectado la existencia de aproximadamente 100 millones de dólares en cuentas vinculadas al emérito.
El debate sobre la vuelta de Juan Carlos I combina dimensiones históricas, jurídicas y simbólicas. La desclasificación de los papeles del 23-F ha reavivado la memoria de su papel en la defensa de la democracia, pero las afecciones derivadas de su conducta económica posterior mantienen la polémica vigente. A día de hoy, la determinación final recae en el propio don Juan Carlos y en la Casa del Rey, mientras que el espacio público y las formaciones políticas siguen ponderando las implicaciones de su eventual regreso.
En los próximos pasos, la discusión pública probablemente girará en torno a dos ejes: la valoración histórica del 23-F y la exigencia de transparencia sobre comportamientos pasados. Sea cual sea la decisión del emérito, la sociedad española afronta la tarea de conjugar memoria, responsabilidad y las reglas del debate democrático.
