Teresa Peramato ha presentado propuestas para 19 cargos discrecionales, incluyendo plazas en la sección penal del Supremo; la selección mezcla figuras del antiguo equipo de Álvaro García Ortiz y fiscales ajenos a sus círculos
El pleno del Consejo Fiscal del 27 de febrero de 2026 cerró la primera gran ronda de propuestas de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para cubrir puestos de responsabilidad en la estructura del Ministerio Fiscal. Tras evaluar 86 candidaturas, Peramato remitió al Gobierno una lista con 19 nombramientos discrecionales que afectan a órganos tan sensibles como la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Fiscalía del Tribunal Constitucional, Anticorrupción, Antidroga y la Audiencia Nacional.
Estas decisiones han reavivado el debate interno sobre la orientación y la política de nombramientos en el seno de la carrera fiscal.
Las plazas más observadas por el sector mediático y por las agrupaciones internas eran las vinculadas a la sección penal del Tribunal Supremo.
En este bloque, Peramato ascendió a varias personas próximas al anterior fiscal general, Álvaro García Ortiz, lo que ha generado críticas de quienes exigían un giro tras la causa penal que terminó con la inhabilitación de García Ortiz. La fiscal general ha explicado su criterio apelando al mérito y capacidad acreditados en los currículos y en los planes de actuación presentados por los candidatos.
Principales nombramientos y su alcance
Entre las designaciones que más atención han suscitado figura la promoción de Ana García León y de Diego Villafañe, ambos vinculados a la Secretaría Técnica durante la etapa de García Ortiz. García León ocupa una jefatura de sección penal en el Supremo y Villafañe accede también a una plaza en esa sección. Junto a ellos, Peramato propuso a José Javier Huete y a María Farnés Martínez para otras responsabilidades relevantes. Además, se nombró a Javier Rufino para la fiscalía de medio ambiente y patrimonio, y se renovó a María José Segarra como fiscal de sala para personas con discapacidad y mayores. Estos movimientos pretenden reforzar áreas estratégicas de la Fiscalía con perfiles que, según Peramato, combinan experiencia y conocimiento institucional.
Reparto en plazas especializadas y lógica de equilibrio
En plazas especializadas, Peramato eligió a Beatriz López para la Audiencia Nacional y a Marcelo Juan de Azcárraga para Antidroga, mientras que la Fiscalía Anticorrupción recayó en Virna Alonso. Para la Fiscalía del Tribunal Constitucional se propusieron a Raquel Muñoz e Ignacio Rodríguez. Según fuentes del departamento, la fiscal general ha intentado aplicar un criterio de proporcionalidad entre las diferentes asociaciones de fiscales: alternar representantes de la agrupación mayoritaria, de la Unión Progresista de Fiscales y de fiscales no adscritos. El objetivo formal declarado es recomponer la cohesión institucional después de la crisis que supuso la investigación y condena contra el exfiscal general.
Vacantes sin candidaturas y próximos pasos
No todas las plazas han quedado cerradas: las jefaturas de las fiscalías de Cuenca y Lugo no recibieron candidaturas y deberán volver a convocarse. Este hecho indica que el proceso aún no ha finalizado y abre la puerta a una segunda tanda de nombramientos que completará la pirámide de responsabilidades. La selección ahora propuesta por Peramato se debe ratificar formalmente en el procedimiento que corresponde al Gobierno, pero marca ya la dirección de la administración fiscal en los próximos meses.
Reacciones y tensiones internas
Las decisiones han provocado reacciones contrapuestas en la carrera fiscal. Los sectores críticos consideran que ascender a perfiles próximos a García Ortiz contradice el compromiso de sanación institucional que anunció Peramato al tomar posesión. Por el contrario, quienes apoyan la elección resaltan la necesidad de conservar el conocimiento técnico acumulado en la Secretaría Técnica, que históricamente nutre a la cúpula fiscal. Voces consultadas subrayan que la valoración final dependerá de la siguiente fase de nombramientos: será entonces cuando pueda apreciarse si la estrategia confirma una continuidad con etapas anteriores o inaugura un giro palpable en la gestión.
Qué queda por resolver
La atención ahora se centrará en las plazas que quedan por cubrir y en cómo se articulen las nuevas jefaturas en la práctica diaria. La fiscal general deberá compatibilizar criterios de mérito, capacidad y proporcionalidad, y gestionar el equilibrio entre agrupaciones internas para evitar una mayor polarización. En cualquier caso, la tanda del 27 de febrero de 2026 queda como una primera prueba significativa de la hoja de ruta de Peramato al frente del Ministerio Fiscal.
