Maite Gómez admite contradicciones oficiales sobre el paradero de Carlos Mazón el 29 de octubre de 2026 y la jueza Ruiz Tobarra acumula indicios sobre supuestas negligencias
La investigación sobre la dana que asoló la Comunidad Valenciana y causó 230 muertos el 29 de octubre de vive un nuevo capítulo tras la comparecencia de Maite Gómez, exjefa de prensa del expresidente Carlos Mazón. Ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, Gómez reconoció que la comunicación de la Generalitat ofreció a la opinión pública una versión sobre el paradero del entonces president que no se ajustó a la realidad.
Esta admisión suma tensión a una instrucción en la que ya constan múltiples testimonios y documentos que cuestionan la gestión autonómica de la emergencia.
Los principales elementos del proceso —la cronología de movimientos de Mazón, la convocatoria del Cecopi, el envío del Es-Alert y las contradicciones entre testigos— vuelven a ponerse sobre la mesa.
A partir de declaraciones de escoltas, asesores y funcionarios, la magistrada ha ido desgranando un relato que, según la exposición razonada que presentó al TSJCV, apunta a una cadena de groseras negligencias en la respuesta institucional.
La versión oficial y la revelación de la exjefa de prensa
Gómez afirmó no saber la ubicación exacta del president durante la tarde de la tragedia y explicó que, en los días posteriores, la Generalitat difundió horarios «que nos parecieron lógicos» en lugar de datos contrastados. Esa confesión es relevante porque contradice la hipótesis sostenida durante meses por responsables autonómicos: que Mazón estuvo en el Palau de la Generalitat desde las 17.00 para coordinar la emergencia. Testigos y registros sitúan, en realidad, su presencia en el restaurante El Ventorro en compañía de la periodista Maribel Vilaplana y un almuerzo que duró casi cuatro horas mientras las riadas se producían.
Cronología, comunicaciones y lapsos decisivos
La instrucción recoge varios hitos horarios que resultan determinantes. Según testimonios, Mazón abandonó el Palau hacia las 14.30 para desplazarse al almuerzo y, entre la tarde y la noche, la convocatoria del Cecopi se produjo tarde en relación con la evolución meteorológica. El dispositivo de coordinación llegó a L’Eliana sobre las 20.28, apenas minutos después de que se enviara el Es-Alert a las 20.11. La jueza reprocha que la reunión de coordinación no se activara con antelación pese a las alertas previas de la Aemet y a avisos sobre el riesgo en ramblas y barrancos como el del Poyo, cuyo desbordamiento desencadenó algunas de las peores consecuencias.
Contradicciones entre testigos
La investigación ha puesto frente a frente versiones distintas: los escoltas afirmaron que Mazón llegó al Palau alrededor de las 20.00 y que permaneció allí pocos minutos antes de dirigirse al Cecopi; un asesor, Josep Lanuza, declaró que el expresident estuvo en su despacho hasta cerca de las 19.30-19.45 y mantuvo conversaciones telefónicas. Estas discrepancias sobre minutos y movimientos importan en una causa donde la cronología es clave para determinar responsabilidades.
Decisiones críticas: Es-Alert, coordinación y responsabilidades
La magistrada también analiza la gestión del Es-Alert y sostiene que su envío fue tardío respecto al desarrollo de la inundación. Además, cuestiona la tesis defendida por algunos ex altos cargos de que la causa del retraso fuese un «apagón informativo» por parte de organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Aemet. Ruiz Tobarra, en varios autos avalados por la Audiencia de Valencia, apunta a la competencia autonómica en prevención y coordinación como factor principal a investigar.
Comunicación institucional y narrativa pública
Además de las decisiones técnicas, la instrucción examina la estrategia de comunicación del Consell. La ocultación inicial del almuerzo con Vilaplana, la minimización pública del temporal y la difusión de relatos cambiantes han alimentado la sospecha de que la Generalitat buscó proteger la imagen del president en vez de priorizar la claridad informativa durante la emergencia. La propia Maite Gómez admitió que se difundieron versiones que no coincidían con lo verificado.
Próximos pasos en la instrucción
La causa seguirá sumando declaraciones de testigos y peritajes técnicos. La exposición razonada presentada al TSJCV propone la imputación de Mazón ante los indicios acumulados por la jueza, que considera que existen suficientes elementos para investigar una posible responsabilidad penal en la gestión de la catástrofe. Mientras, el debate público continúa centrado en cómo se combinaron fallos de decisión, comunicación y coordinación en aquel día fatídico.
La declaración de Maite Gómez ha añadido un nuevo elemento: la admisión de versiones oficiales inexactas que ahora forman parte de la evidencia en manos de la jueza Ruiz Tobarra.
